Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/214/18
Ciudad de México, 17 de septiembre de 2018

• Durante dos días investigadores y administradores universitarios y de centros de investigación trabajarán con representantes de la sociedad civil en torno a la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas.
• La futura responsable de la política científica del país, María Elena Álvarez-Buylla, anuncia en el marco de la reunión que cambiará el nombre de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al de Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías.

Participaron en la Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua (de izq a der.): Pedro Moctezuma, Leticia Merino, Luciano Concheiro, José De los Reyes, María Elena Álvarez-Buylla, Margarita Teresa de Jesús García y David Fernández.
Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.
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Científicos, académicos, legisladores e integrantes de la sociedad civil se dieron cita en la Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua con el objetivo de trabajar en conjunto para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua.

Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), inauguró dicha reunión y ofreció un contexto sobre el origen de la actividad programada en dos jornadas:

El 8 de febrero de 2012 la reforma al Artículo 4 constitucional reconoció el derecho humano al agua y dio un plazo de 360 días para aprobar una ley general de aguas que sentaría las bases de la participación ciudadana junto con los tres niveles de gobierno. “De inmediato se inició un proceso ciudadano que logró un primer borrador de ley a finales de ese año en una reunión de 420 investigadores en esta misma rectoría”, recordó.

Después se hicieron esfuerzos en coordinación con las organizaciones sociales y diversas instituciones para una nueva gestión del agua, sin embargo, el rector general de la UAM admitió que no hubo un verdadero compromiso de las legislaturas pasadas al respecto.

“Ahora buscamos tener una nueva etapa en la gestión del agua y el medioambiente en nuestro país. Establecer acuerdos y desarrollar propuestas resultan esenciales”, informó Peñalosa Castro.

En este nuevo contexto, investigadores y administradores universitarios y de centros de investigación trabajarán con representantes de la sociedad civil en torno a la nueva institucionalidad prevista en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas.

Para ello, la reunión se enfoca en siete de los principales retos del nuevo marco legal e institucional: 1) construcción de las instancias para la gestión planificada de cuencas, 2) fundamentación científica en la toma de decisiones, 3) reordenación del sistema de concesiones de aguas nacionales, 4) preparativos para poner fin a la contaminación, sustentabilidad y soberanía hidroagrícola, 5) alternativas a la privatización de sistemas de agua, 6) saneamiento y 7) instancias e instrumentos para la defensa del derecho humano y de los pueblos al agua.

María Elena Álvarez-Buylla, designada directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el presidente electo Manuel López Obrador, señaló que el buen gobierno del agua es, sin duda, una de las prioridades, lo que incluye saneamiento y recuperación del agua para que el pueblo de México tenga acceso universal a ella.

En el marco de su participación en la reunión, anunció que el Conacyt cambiará su nombre por el de Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías, y que en estos momentos se delinea una “serie de andamiajes” para fomentar la participación de la comunidad académica, científica y tecnológica alrededor de los Programas Nacionales Estratégicos, ya que uno de ellos es en torno al agua.

Blanca Elena Jiménez Cisneros, próxima titular de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), quien al igual que Álvarez-Buylla pertenece a la membresía de la Academia Mexicana de Ciencias, envió un mensaje a través de la coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones, Leticia Merino Pérez, en el cual agradeció la información acerca de la Iniciativa Ciudadana que le hicieron llegar y evaluó que la participación de los distintos sectores de la sociedad es indispensable para desarrollar una Ley General de Aguas funcional y efectiva para todo el país, de ahí la relevancia del trabajo coordinado.

Alfabetización hídrica
En su participación, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad UAM, mencionó algunas cifras que muestran la gravedad de la actual situación del agua, por ejemplo, que 141 cuerpos de agua en nuestro país se encuentran en serio deterioro y que 60 millones de personas dependen de acuíferos sobreexplotados.

Ante dicho escenario, llamó a optar por mejores soluciones y hacer uso de una gran reserva no asumida para lograr el buen gobierno del agua: las universidades, ya que en ellas desde hace décadas se realiza investigación, se generan proyectos e información acerca del cambio climático, de los conflictos socioambientales y de la calidad del agua.

“Las universidades van a requerir apoyo para impulsar su capacidad de planear, evaluar y replicar opciones exitosas en temas relacionados con el agua”, recomendó Moctezuma.

Otro aspecto que consideró necesario llevar a cabo es involucrar a la población, así que propuso impulsar la alfabetización hídrica en todos los niveles educativos y formar profesionistas del agua en áreas como hidrología, derechos humanos, gestión de cuenca, restauración de ecosistemas, justicia ambiental, entre otros.

Desclasificar información hídrica
Desde el punto de vista multidisciplinario se manifestó José Raúl García Barrios, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), quien recomendó atender el recurso agua desde las ciencias de la complejidad iniciando desde las humanidades y las ciencias sociales.

El coordinador del Programa Estratégico del Agua del próximo gobierno agregó que la manera en que se concibe la seguridad nacional -en torno al agua- ha permitido a la autoridad decidir que el conocimiento acerca de ella no debe fluir libremente hacia la población o incluso hacia las universidades.

“La clasificación de la información hídrica ha contribuido a generar problemas estructurales y sociales. Por ello, una de las primeras tareas que tendrá que emprender el nuevo gobierno será poner la información hídrica en manos de las universidades, investigadores y de todo el pueblo mexicano, por lo cual será necesario desclasificarla y pedir que rindan cuentas los institutos y centros de investigación públicos que hasta ahora se han encargado de su manejo”, sostuvo.

García Barrios hizo énfasis en que los problemas alrededor del tema del agua son muy graves y la agenda para atenderlos enorme. Reflexionó en que para “hacer primero se necesita entender” y consideró que la participación de los centros de educación superior será crucial y su responsabilidad muy grande. Y con el fin de combatir la incertidumbre, dijo, los universitarios tendrán que contribuir a redefinir conceptos, investigar y monitorear numerosos inventarios y flujos superficiales y subterráneos en todas las cuencas hidrológicas del país.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la rectoría general de UAM y fue convocada por la Universidad Autónoma de Querétaro, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y la propia UAM.

Elizabeth Ruiz y Noemí Rodríguez.