Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/268/18
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018

• Especialistas proponen que la seguridad hídrica sea un tema de carácter estratégico en el documento Agenda Ambiental 2018. Diagnóstico y propuestas que se entregó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a los legisladores.
• La ley debería establecer distintas formas de gestión del recurso y distintos modelos acordes con las necesidades de las comunidades, indica la investigadora Elena Burns.

Los especialistas en materia de agua Marisa Mazari y Adalberto Noyola proponen a los tomadores de decisiones y sociedad que se establezcan esquemas para una mayor participación ciudadana en el diagnóstico, planeación y monitoreo de agua y cuencas.
Foto: tomada de rendiciondecuentas.org.mx.
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Deficiencias en la gestión del agua, sobreexplotación y carente supervisión por parte de las autoridades son algunas observaciones que documentan Marisa Mazari Hiriart, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, y Adalberto Noyola Robles en el capítulo “Problemática y Política del Agua” del libro Agenda Ambiental 2018. Diagnóstico y propuestas, en el cual los investigadores exponen que entre 2015 y 2017 la Auditoría Superior de la Federación detectó fallas en la regulación del uso de aguas superficiales y subterráneas.

La extracción de agua subterránea equivale al 160% de la capacidad de recarga. En 2016 se registró una sobreexplotación de 5 mil 631 millones de metros cúbicos; además, 71% del volumen concesionado no cuenta con medidor. Del agua concesionada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó inspecciones de volúmenes extraídos al 1.7% de las 300 concesiones de aguas subterráneas.

En una auditoría de 2013, el 40% de las cuencas evaluadas estaban contaminadas e incluían metales tóxicos y sustancias radiactivas. De 191 cuerpos de agua superficiales considerados en serio proceso de deterioro, la Conagua solo realizó 28 estudios de calidad, de acuerdo con el estudio de Mazari Hiriart y Noyola Robles.

Los autores proponen en el documento, entregado a los legisladores y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que la seguridad hídrica sea un tema de carácter estratégico; reconocer una gestión de cuencas hidrográficas como esquema idóneo; cambios institucionales y legales que promuevan espacios ciudadanos gubernamentales de deliberación, negociación y toma de decisiones; una mayor colaboración y coordinación interinstitucional entre los organismos del sector agua.

Proponen a los tomadores de decisiones y sociedad que se establezcan esquemas para una mayor participación ciudadana en el diagnóstico, planeación y monitoreo de agua y cuencas, tomando en cuenta el derecho humano al agua y elaboración de dictámenes de impacto socio-hídrico, costo-beneficio y declaración de cuencas en “estrés hídrico extremo” en los casos que así lo requieran; así como generación de información confiable y transparente.

Marisa Mazari, doctora en Ciencias Ambientales e Ingeniería por la Universidad de California, Estados Unidos, y Adalberto Noyola, doctor en Ingeniería (tratamiento de aguas residuales) por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, plantean también un manejo especial del agua urbana que incluya mayor eficiencia en el tratamiento del agua residual: tratamiento por separado de las aguas domésticas, industriales y los escurrimientos urbanos pues actualmente van mezclados; el agua rural requeriría estrategias para el desarrollo local y regional; así como una mejor regulación y gestión de aguas subterráneas para su preservación y aprovechamiento.

Para pasar del modelo de extracción-desecho hídrico actual a la gestión de ciclos locales del agua con acceso equitativo, Elena Burns, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, tras varios años de investigación, de organizar foros y talleres, elaboró en colectivo una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas en la que comunidades y ciudadanos tienen más responsabilidad y se fijan obligaciones a funcionarios con consecuencias inmediatas en caso de incumplimiento a través de una Contraloría Social del Agua que tendría presencia a nivel nacional, de cuenca y municipal.

Hoy, la Ley General de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, mediante concesiones a privados, garantiza el acceso al agua a quienes pueden pagarla; una nueva visión en torno a la gestión del recurso hídrico implicaría una comunicación horizontal entre academia, autoridades gubernamentales y ciudadanía.

La propuesta sería acorde con la aprobación en 2010 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y saneamiento. En México, el reconocimiento de este derecho quedó plasmado en el Artículo 4º de la Constitución en 2012, en el que se establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

La expectativa es que en un futuro cercano en una nueva legislación se establezcan distintas formas de gestión del recurso vital y distintos modelos acordes a las necesidades de las comunidades, ya que la demanda no es la misma para las ciudades como para el campo, industria, comercio, turismo o agricultura, destacó Burns, coordinadora de la asociación civil Agua para todos. Agua para la vida.

En opinión de la especialista en el tema del recurso hídrico, en años recientes se ha ido construyendo un buen gobierno del agua que ha partido de la organización civil, la información y discusión de aspectos como ¿quién debe decidir sobre el agua?, ¿en qué espacios?, ¿con qué instrumentos?, ¿según cuáles criterios?, así “la gente comienza a imaginar un mundo en donde pueden ser parte de la decisión”.

Luz Olivia Badillo.