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Examinan miembros de la comunidad científica el marco jurídico del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país

Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/049/19
Ciudad de México, 6 de marzo de 2019

  • Por primera vez la aportación destinada a las actividades de ciencia y tecnología inició con un decremento de alrededor 12% en el Ramo 38 al comienzo de la administración federal, señala José Luis Morán, presidente de la AMC.
  • Juan Pedro Laclette, investigador de la UNAM y expresidente de la AMC, consideró que existen asuntos más urgentes que realizar cambios a la Ley de Ciencia y Tecnología.
Doctor José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, durante su participación en la sesión plenaria
Doctor José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, durante su participación en la sesión plenaria “Marco jurídico y diseño institucional” del Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Cámara de Diputados.
Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.
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Para poder avanzar en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación es requisito indispensable una estrategia de planeación a mediano y largo plazo que permita impulsar y alcanzar grandes objetivos. Para ello, se necesitan de varias acciones como el cumplimiento al mandato establecido por la Ley de Ciencia y Tecnología para contar con al menos el 1% del PIB en gasto de investigación y desarrollo experimental, señaló el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), José Luis Morán López.

Durante su participación en la primera parte de la sesión plenaria del Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su primera jornada en la Cámara de Diputados, Morán López detalló que otra de las acciones es que debe de instrumentarse una progresividad en la asignación de recursos que permita alcanzar el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los próximos 10 años (2.4 %), para el financiamiento combinado del sector público y privado, con un balance 60/40 entre las aportaciones públicas y privadas, contrario a lo que sucede en la actualidad en el país, donde el sector público aporta el 70%.

“Es importante hacer notar que por primera vez la aportación destinada a las actividades de CTI inició con un decremento importante al comienzo de la administración federal (aproximadamente el 12% en el Ramo 38). Este decremento no sólo limita el crecimiento, sino que elimina algunos programas exitosos de la administración anterior; por ejemplo, el programa de Cátedras Conacyt destinado a contratar investigadores jóvenes (muchos de ellos reintegrados a nuestro país) no puede crecer”.

Morán López añadió que también se ve limitado el crecimiento y consolidación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía: (bioenergía, eólica, geotérmica, oceánica y solar) auspiciados por la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Y otros dos que se tenían en proceso de formalización (el de captura de CO2 y redes eléctricas inteligentes), es probable que no se concreten.

El presidente de la AMC igualmente subrayó la necesidad de crear mecanismos que den continuidad a los programas de desarrollo científico y tecnológico que eviten reinventar los programas en cada sexenio. Propuso que el titular del Conacyt sea elegido de una terna propuesta al Ejecutivo por la comunidad científica y tecnológica, que la designación sea por períodos más largos a seis años y que los mandos medios y superiores de dicho organismo tengan un nombramiento que pueda trascender al cambio de la dirección general.

El doctor Juan Pedro Laclette, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, dijo que, si se pretende modificar la Ley, sería conveniente que se partiera de la legislación vigente y no de la propuesta de la senadora Ana Lilia Rivera. “Si la comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación busca consensuar opiniones respecto del funcionamiento del sistema nacional de investigación recomiendo consultar el documento Hacia la consolidación y desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2024, ya que contiene propuestas consensuadas”.

Además, el investigador opinó que existen asuntos más urgentes que realizar cambios a la Ley de Ciencia y Tecnología; “por ejemplo, la reducción al presupuesto del Conacyt rebasa el 40% al de los últimos cuatro años, en estas condiciones es difícil bajo cualquier esquema de gobernanza que la cabeza del sector conduzca exitosamente el desarrollo científico de México. Se requiere, entonces, de mecanismos para atender el problema de la ciencia básica que es uno de los rubros más afectados”.

El expresidente de la AMC mencionó que, si bien se ha dicho en diversas ocasiones que existe un compromiso de los gobiernos federales con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la realidad es que la inversión no ha superado el 0.5 % y no se ha cumplido lo estipulado en el Artículo 9 de la Ley de Ciencia y Tecnología, por lo que también se tiene que vigilar que la legislación se cumpla.

La iniciativa divorció a Conacyt de la comunidad científica
Antonio Lazcano Araujo, investigador de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional, explicó que tras leer la propuesta de Ley de la senadora Rivera percibió que se trata de un ajuste burocrático, una mezcla de varias leyes que implica la pérdida de capacidad de decisión de varias secretarías. “Para mí lo más grave es el divorcio enorme e innecesario entre la comunidad científica y el Conacyt. Y esto es muy peligroso. Se tienen que tomar medidas para que trabajemos de manera conjunta, evitando confrontaciones innecesarias”.

Ana Cecilia Noguez Garrido, del Instituto de Física de la UNAM, habló como usuaria de la Ley y llamó a fortalecer el sistema científico, tecnológico y empresarial. “Lo que esperaría es que el marco legislativo se adapte con el fin de fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta que los tiempos de gobernanza no son los mismos que los de la innovación, de ahí que los proyectos en este sentido deben ser de largo alcance”.

Para Miguel Covián Andrade, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, sería recomendable hacer un diagnóstico para determinar lo que debe ser atendido en lo inmediato dentro del Conacyt y con respecto a los asuntos que involucren a la ciencia y la tecnología, “una vez con el diagnóstico del sistema de ciencia ponernos de acuerdo sobre si se cumplen fines y objetivos, discutir las soluciones y después hacer cambios legislativos”.

Mientras que Guillermo Cejudo Ramírez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, planteó que primero se debe construir la política de ciencia y tecnología, y a partir de ahí identificar los mejores instrumento legales y presupuestarios, y coincidió en la necesidad de pensar en el largo plazo y blindar a la actividad de vaivenes políticos.

En la segunda parte de esta primera mesa plenaria participaron los investigadores de la UNAM: Norma Blázquez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; Arturo Menchaca, del Instituto de Física, Fausto Kubli; de la Facultad de Derecho; José Ayala, del Instituto de Ciencias Nucleares; así como Gabriel Merino, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados-Unidad Mérida; y Margarita Solís, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.

Noemí Rodríguez González.

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