Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/159/16
Ciudad de México, 25 de julio de 2016

• Analizar los linchamientos es tratar de entender una violencia de otro tipo, que no tiene motivos políticos ni la ejerce el Estado; no es redentora ni liberadora, es una violencia que reproduce más violencia.

Los linchamientos son efecto de una larga historia de deficiencias institucionales y dinámicas de exclusión social y aplicación parcial de la ley, señala la historiadora Gema Santamaría.
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¿Qué tipo de hartazgo, de descomposición social y de actitud frente a la violencia hace que se tolere un linchamiento? ¿Qué hace que comunidades que parecen transcurrir en su cotidianidad produzcan momentos de extraordinaria violencia que terminan con la muerte de uno o más individuos a los ojos de todos?

El pueblo de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, Distrito Federal, fue escenario en el 2004 del linchamiento de tres policías encubiertos de la Policía Federal Preventiva que realizaban investigaciones sobre narcomenudeo. Fueron acusados por los pobladores de intentar robar niños luego de sorprenderlos tomando fotografías a las afueras de una escuela pública. Los agentes fueron golpeados brutalmente y luego quemados vivos. Dos de ellos murieron y uno quedó herido.

Este hecho del presente es la referencia que toma la doctora Gema Santamaría Balmaceda para llevar a cabo una investigación sobre la historia de los linchamientos en nuestro país en el siglo XX. La primera parte del trabajo y que fue objeto de su tesis doctoral se centra en la práctica de los linchamientos en Puebla de 1930 a 1990. La investigación posdoctoral en curso que tiene por título “En el vórtice de la violencia: linchamientos, justicia extralegal y Estado en el México post-revolucionario”, amplía y profundiza este trabajo al dar cuenta de la genealogía del fenómeno a nivel nacional.

El estudio histórico que propone Santamaría busca llenar un vacío importante en la literatura sobre estos actos. Los análisis sobre linchamientos en México y América Latina suelen tener, aseguró, un enfoque temporal limitado y reducir su explicación a retos recientes como el aumento en el delito o procesos de democratización incompletos en las décadas de los ochenta y noventa.

“Me interesa entender cuál es la trayectoria histórica de este fenómeno en nuestro país y éste es el primer estudio al respecto. Todos los trabajos que he consultado tienen como punto de arranque los años ochenta, con excepción de algunos que analizan un caso de 1968 muy famoso que sucede en San Miguel Canoa, Puebla. Considero importante analizar las causales estructurales y culturales que hacen que ciertas prácticas se arraiguen a nivel comunitario”.

Su interés de estudiar la violencia viene de reconocer que estos actos, por muy crueles que parezcan, no son irracionales ni meramente esporádicos. “Los linchamientos tienen una historia y tiene que ver con comunidades que han desarrollado dinámicas de control social sobre lo que consideran conductas amenazantes. Los linchamientos definen, a partir del uso de la violencia, qué conductas serán tolerables y cuáles no”.

Por lo anterior, sostuvo la historiadora reconocida por este trabajo con una de las Becas para mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2016 que otorgan la AMC, el Conacyt y el CCC, el estudio histórico de esta forma de violencia presenta claves importantes que no han sido estudiadas hasta el momento.| Su esperanza es que al hacer esta revisión pueda contribuir a construir una masa crítica para analizar la violencia como un ejercicio que, pese a surgir en comunidades excluidas, no hace más que reproducir la violencia y causar más exclusión.

El trabajo
Debido a que el linchamiento no es un fenómeno tipificado como delito en México es difícil documentarlo, no es información que exista en archivos judiciales como tal; por ello, notas de prensa y documentos históricos como cartas, quejas y reportes de seguridad, resultan útiles.

“El arranque del actual trabajo se da en los años veinte del siglo pasado en el norte de México, en el contexto de campañas de linchamientos en contra de migrantes chinos y españoles. Esta es una primera diferencia que marca la investigación en su intento de expandirla a nivel nacional, cuáles son los aspectos que hay en común en distintas regiones, cuáles son las variables que ayudarían a explicar por qué se da en ciertos lugares con mayor frecuencia que en otros”.

Además, la investigadora busca darle más importancia al fenómeno en el marco de la Revolución mexicana porque considera que el conflicto armado tuvo efectos sobre la legitimidad que se les daba a las leyes y al orden jurídico existente en una etapa de suspensión del orden normal de las cosas, lo que de alguna manera hizo que estos actos de tomar justicia por propia mano fueran legítimos.

Avances
Tras identificar más de un centenar de casos en la prensa nacional en distintos años, revisar estudios sociológicos en México y América Latina, así como la historiografía sobre los linchamientos en Estados Unidos, los recursos de la Beca ayudarán a la historiadora a realizar un trabajo más sistemático dentro del Archivo General de la Nación, en la Hemeroteca Nacional, hacer viajes a otros estados para rastrear el fenómeno en tres áreas principales: centro, donde se cree que hay más linchamientos, los mayores índices están en Ciudad de México, Estado de México y Puebla; y después expandirlo al sur, en Oaxaca y Chiapas, donde actualmente hay varios casos vinculados a temas religiosos y conflictos intracomunitarios, y luego al norte, Sonora y Chihuahua, estados con presencia en la Revolución y en campañas anti-chinas.

Para el registro de casos de linchamiento, Santamaría ha establecido los siguientes criterios para su clasificación: ser colectivo, que el número de victimarios sea mayor al del o de las víctimas en una proporción de 3-1; darse en el ámbito público, los victimarios tienen que estar luciendo la acción como algo legítimo, un rasgo de intencionalidad importante debido a que se realiza en aras de castigar una conducta; e involucrar un nivel de crueldad muy particular, como mutilar, colgar o quemar el cuerpo del o los acusados.

Las aportaciones
Los resultados que espera presentar la investigación como respuesta a las hipótesis que plantea, son mostrar que estos actos no constituyen una reacción al aumento en el delito, o un acto repentino a causa de la democratización del país, como lo plantean los análisis existentes, sino que estos actos tienen que ver con una larga historia de cómo se ha formado la autoridad en México, de cómo la presencia del Estado ha estado limitada en términos, por un lado, numéricos (policías y jueces), y por otro, cualitativos, la capacidad y voluntad de actores del Estado de respetar la ley.

“Esta calidad del Estado se manifiesta en policías y jueces corruptos que abusan de su autoridad, alcaldes que participan en los linchamientos o voltean a otro lado para no verlos. Contrario a una perspectiva sociológica weberiana (de Max Weber), que define al Estado como una entidad que detenta el monopolio legítimo de la violencia; la historia de la formación de la autoridad en México muestra que élites políticas y representantes de la autoridad han aplicado la ley de manera parcial e inconsistente. El efecto ha sido que a nivel de las comunidades se desarrolla un entendimiento parcial de la ley y de la justicia, que se autolegitima frente a un proceso de formación de autoridad deficiente”.

Es así que Gema Santamaría sugirió interpretar los linchamientos como el efecto de una larga historia de deficiencias institucionales y dinámicas de exclusión social y aplicación parcial de la ley.

En un intento por construir un enfoque más crítico, destacó que se debe reconocer que hay un factor que tiene que ver con una cierta cultura del castigo que ha penetrado en las comunidades en México. “En casos que he revisado, he documentado que los policías están ahí o que incluso han sido linchados u obligados a no hacer nada, lo que indica que la ausencia del Estado no explica todo el fenómeno. Existe una cultura del castigo y hay temor a hablar de ella, pues se piensa que pudiera ser algo determinista”.

No obstante, explicó que partiendo de que la cultura es social e históricamente construida, hay dos aportes de la investigación: dar cuenta de la raíz histórica del fenómeno, de cómo la formación de Estado ha contribuido a la legitimación de estos actos, e ir más allá de esta explicación basada en el aumento del crimen o en la estructura económica y darle a la cultura el peso propio que tiene para explicar estas formas de castigo.

“Esta larga ausencia del Estado o presencia parcial del mismo ha hecho que haya cambios culturales en las comunidades y no van a erradicarse simplemente con destinar más policías o castigar de pronto de manera estricta los linchamientos. Se requiere un cambio de actitudes y de percepciones que va a tomar tiempo”.

Fabiola Trelles Ramírez.