Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/079/17
Ciudad de México, 20 de abril de 2017

• Guillermo Castillo Ramírez, del Instituto de Geografía de la UNAM, habló con la Academia Mexicana de Ciencias sobre la relación de Estados Unidos con México tras su conferencia “El muro, la frontera y la migración: escenarios adversos”.
• El especialista señala que las políticas migratorias de la actual administración estadounidense tienen como antecedente diversas medidas que se implementaron en la década de los noventa, solo que ahora la retórica xenofóbica es más agresiva y las medidas migratorias mucho más severas.

Imagen: Muro fronterizo de Tijuana-San Ysidro. En la zona fronteriza de San Ysidro, en San Diego, California, y Tijuana, Baja California, se reportaron 5 mil 600 muertes de migrantes mexicanos indocumentados entre 1994 y 2009, informó Guillermo Castillo Ramírez, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM.
Foto: cortesía del doctor Guillermo Castillo Ramírez.
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La migración tiene que observarse como un conjunto de procesos económicos y políticos, y no solo como un asunto de seguridad nacional, y si se analiza lo ocurrido en los últimos diez años con la migración de mexicanos hacia territorio estadounidense, el muro no tiene razón de ser, aseguró Guillermo Castillo Ramírez, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IGg-UNAM) en la conferencia “El muro, la frontera y la migración: escenarios adversos”.

El doctor Castillo, especialista en geografía de la migración, mencionó que el actual gobierno de Estados Unidos ha justificado la construcción de un muro en la frontera con México a partir de la criminalización de los migrantes mexicanos, pese a que menos del 5.3% ha cometido algún delito grave como portación de armas o secuestro.

“Más que un trasgresor de la ley, el migrante es un trabajador explotado en Estados Unidos si se toma en cuenta su salario, las prestaciones y los servicios sociales que recibe”, señaló el investigador, quien invita a pensar en la aportación que hacen los migrantes en términos económicos y de consumo en el país vecino del norte.

Son generalmente las sociedades receptoras de los migrantes, subrayó Castillo, las que obtienen los mayores beneficios económicos, en especial porque al contratarlos se reducen los costos de la mano de obra. Para argumentarlo, mostró cifras del US Bureau of Economic Analysis y el US Bureau of Census que indican que de 1994 a 2008, los mexicanos en Estados Unidos ocuparon 3.8 millones de empleos, y que su aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense del año 2000 al 2007 fue de más del 10%.

El total de migrantes mexicanos con y sin documentos en 2007 fue de casi 12 millones, por lo que tendría que reconocerse la capacidad de consumo que han tenido. Sin embargo, a pesar de las ganancias económicas que los migrantes mexicanos representan para la sociedad y economía estadounidense, existe un proceso de exclusión social hacia ellos. “Los mexicanos indocumentados son uno de los grupos de mayor pobreza en Estados Unidos y los que reciben el menor ingreso, y por su situación migratoria son más susceptibles a que sus derechos sean violados”, abundó en entrevista con la Academia Mexicana de Ciencias.

Otro de los argumentos para la construcción del muro se basa en el aumento del número de migrantes mexicanos que ingresan a Estados Unidos. Luego de hacer un análisis de diversos estudios de investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, Guillermo Castillo identificó que, de 2008 a la fecha, el flujo de migrantes indocumentados mexicanos ha disminuido debido a que los nichos laborales en los que se insertaban —construcción, servicios, agricultura— ya no generan suficientes empleos.

“A partir del 2008 con la crisis inmobiliaria que afectó la economía de Estados Unidos y las políticas de deportación implementadas en las administraciones de George W. Bush y Barak Obama, se presentó un claro descenso de la migración no documentada, por lo que el muro no obedece a un análisis racional, sino a motivaciones ideológicas”, sostuvo el especialista en la conferencia que brindó el pasado 31 de marzo.

Los muros que no frenaron la migración
Las barreras físicas ya existen como una respuesta de Estados Unidos ante la migración mexicana. Operaciones como “Bloqueo”, en El Paso, Texas, en 1993, y “Guardián”, en San Diego, California, en 1994, consistieron fundamentalmente en levantar bardas en estas zonas fronterizas para frenar el cruce de indocumentados.

Contrario a lo que se buscaba, surgieron nuevas rutas migratorias e incrementó, del año 1994 a 2007, el flujo de migrantes mexicanos no documentados hacia Estados Unidos. En el siglo XX los mexicanos indocumentados que llegaban a Estados Unidos lo hacían procedentes principalmente de Durango, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, y tenían como destino los estados de California, Arizona, Texas e Illinois. Pero al cambiar estos patrones de salida-destino, nuestros connacionales comenzaron a salir desde todas las entidades del país y llegaron a todo el territorio estadounidense, explicó Castillo Ramírez.

Con la diversificación de las rutas migratorias hacia Estados Unidos la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos también aumentó. Tan solo en la zona fronteriza de San Ysidro, en San Diego, California, y Tijuana, Baja California, se reportaron 5 mil 600 muertes de migrantes mexicanos indocumentados entre 1994 y 2009, dijo el investigador del Departamento de Geografía Social del IGg-UNAM.

Además, Castillo se refirió al costo económico que conllevaría para Estados Unidos la construcción del muro prometido por su presidente, Donald Trump. De acuerdo con cifras oficiales, “el gasto sería entre 12 mil millones y 15 mil millones de dólares, sin tomar en cuenta el costo de su mantenimiento”.

Y pese a la disminución de la migración indocumentada que inició en 2008, 10 mil agentes de inmigración serán contratados para aumentar el número de elementos que en la actualidad se emplean en la zona, que ascienden a cerca de 20 mil.

Noemí Rodríguez González.