Audios del comunicado

Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/088/09
México, D. F., 25 de junio de 2009.

• No se trata de la misma manera a los funcionarios del partido político del Presidente que a otros, afirmó el especialista
• Por cada 14 pesos destinados a la reducción de la oferta de consumo de drogas, se gasta únicamente un peso para reducir la demanda: María Elena Medina-Mora
• La experta señaló que la edad de inicio en el consumo de drogas ha disminuido a 17 años, pero en el caso de los inhalables es mucho menor
• En el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas coincidieron en la necesidad de invertir en investigación para atacar la problemática desde distintos frentes

El consumo de cocaína y heroína es mayor en los estados fronterizos.
Foto: AMC
Imágenes en alta resolución

El calendario de las elecciones intermedias demuestra que el gobierno federal utiliza la política de seguridad, particularmente en su vertiente contra las organizaciones de tráfico de drogas, para “llevar agua a su molino” e intentar ganar más votos para su partido, afirmó Luis Astorga Almazán, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

Entrevistado en el marco del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, el investigador explicó que existe un visible desequilibrio en las medidas de combate al narcotráfico que el gobierno federal ha implementado y que involucran a ciertas estructuras políticas de nivel local, como los presidentes municipales, ya que están influenciadas por preferencias partidistas, “no se trata de la misma manera a los funcionarios del partido político del Presidente que a otros”, advirtió.

Cuando se quiere construir una política de seguridad de Estado, este tipo de acciones pone a la defensiva a las otras fuerzas políticas, que son necesarias en la toma de decisiones, subrayó el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y la reacción de cada partido es defender a cualquier costo a sus miembros, lo cual deja muy mal parado al sistema de justicia del país, indicó.

“El principio de cualquier política de seguridad es que tiene que ser de Estado, de otra forma no existe manera de hacer un frente común para combatir a estos grupos tan poderosos del tráfico de drogas,” aseguró Astorga Almazán.

La configuración política del país muestra que las zonas de producción y tráfico son gobernadas por distintos partidos políticos y las probabilidades de que los traficantes tengan interés de influir a través de financiamientos de campaña es muy alto, añadió.

Luis Astorga lamentó que quienes deben tener una actitud clara y contundente, en términos de los intereses del país, no la tengan, “cada partido político acusa al adversario de estar vinculados a las organizaciones de traficantes o de recibir financiamiento y el problema es que todos tienen algo de razón”, sentenció.

El sociólogo aseguró que los acuerdos que firmaron los partidos con el Instituto Federal Electoral (IFE), para evitar el financiamiento de organizaciones del tráfico de drogas y que se nombre candidatos a personas vinculadas claramente con el tráfico de drogas, no están siendo respetados, “no hay sanción para nadie y la autoridad que podría sancionarlos, que es el IFE, tampoco cumple sus funciones, lo que ocasiona una debilidad sistémica”, dijo.

Luis Astorga dio a conocer que el balance hasta el momento en esta administración no es positivo, y que los índices de violencia tendrán niveles similares, e incluso superiores, a los del año pasado, porque la tendencia sigue siendo a la alza.

A lo anterior se añade el problema de tráfico de armas que tanto las autoridades mexicanas como las norteamericanas han reconocido ampliamente, y aunque el gobierno estadounidense ha puesto en marcha algunas medidas, no atacan la raíz del problema, que es la facilidad con la que se venden las armas en Estados Unidos. Pero también, una gran parte de la responsabilidad le corresponde a las aduanas mexicanas, subrayó el sociólogo.

Astorga explicó que las medidas van encaminadas a incrementar el número de agentes en la frontera con México e intentar ser más eficientes en el decomiso de esas armas cuando están siendo transportadas en territorio estadounidense con miras a su contrabando a México, pero la frontera es muy grande y el número de agentes nunca serán suficientes, a pesar de la tecnología.

Respecto al incremento de muertes por narcotráfico en el país, el informe Mundial sobre Drogas 2009, presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), en el que se analizan las tendencias de producción, tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, hace hincapié en el aumento de la violencia y la criminalidad que genera el mundo de las drogas.

En su introducción al informe, Antonio María Acosta, director de la ONUDD, se refirió a la lucha por el control del mercado mundial de cocaína y los 50 millones de dólares que genera. “Los niveles de pureza y las incautaciones (en los principales países consumidores) son bajos, los precios están altos y los modelos de consumo fluctúan. Esto puede explicar el espantoso aumento de la violencia en países como México. En Centroamérica, los cárteles están luchando por un mermante mercado”, indicó Acosta.

En este sentido, Astorga subrayó que, en el caso de decomisos de droga, no existe la información suficiente para hacer un comparativo de la eficiencia de las autoridades. Se dice que hay más destrucción de cultivos y más decomisos, para dar la idea de que son más eficientes, cuando lo más probable es que haya más superficie cultivada y por lo tanto más producción y es por ello que se decomisa más producto.

“Es muy fácil presentar este aumento en los decomisos como eficacia, existe una necesidad real de tener estadísticas mucho más precisas y confiables para que no se preste a ese tipo de manipulaciones”, apuntó.

En el combate al tráfico de drogas los objetivos que el gobierno federal se plantea son los mismos cada año, la reducción de superficie cultivable, de la producción, consumo, número de personas que se dedican a este negocio, y reducción de los niveles de violencia y de la capacidad de corrupción de las organizaciones criminales.

Pero no vemos que eso se esté logrando, afirmó Luis Astorga, lo que sí vemos es un mayor despliegue de fuerzas militares en distintas partes del país que están realizando unas actividades de muy alto riesgo y la falta de respeto de las organizaciones criminales hacia los militares y las organizaciones policíacas es evidente, no son instituciones disuasivas para los traficantes.

Si bien es cierto que el gobierno federal está reaccionando cada vez más rápidamente, con iniciativa para dirigirse hacia objetivos específicos para desarticular organizaciones, éstas tienen una capacidad impresionante para regenerarse y tienen un gran ejército de reserva, porque reclutan a personal con suma velocidad, manifestó el catedrático.

Lo anterior demuestra que la estrategia del gobierno federal no está atacando otros aspectos que podrían reducir las probabilidades de reclutamiento, como es tener las condiciones laborales entre los jóvenes, un empleo que los retuviera, porque las poblaciones más vulnerables son los jóvenes y los campesinos, señaló.

Luis Astorga afirmó que la inversión en investigación científica debe ser un compromiso sostenido y, como la de seguridad, tiene que ser una política de Estado de largo plazo y con compromisos serios.

Y parte de esa inversión tiene que ir a la investigación en ciencias sociales, para analizar con profundidad todos los aspectos relacionados con la seguridad. No basta, apuntó, con tener policías y militares armados y mandarlos a la calle, hay que elaborar estudios para tener una idea fundamentada de cuáles son los aspectos en los que habría que invertir para que las acciones del Estado sean mucho más eficaces en la contención de este fenómeno.

Sobre este punto, María Elena Medina-Mora, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, informó que en el país por cada 14 pesos destinados a la reducción de la oferta de consumo de drogas, únicamente se gasta un peso a fin de reducir la demanda.

Es decir, que de cada 14 pesos que el gobierno federal invierte para evitar que las drogas lleguen a la calle, sólo destina un peso para el tratamiento de las personas que ya son adictas y que generan esta demanda, explicó la experta en toxicomanía.

Esto debería cambiar, afirmó, pero para hacer una buena intervención en ambos sentidos, tendría que trabajarse mucho más precisamente en los aspectos de la investigación. Porque parte del problema en la investigación de este campo es que ha estado fragmentada porque no se consideran aspectos globales de los mercados y su impacto en el uso, indicó.

Medina-Mora lamentó que no exista una respuesta conciliada de un modelo integral de la reducción de la oferta y de la demanda, lo que ocasiona que la ciencia no trabaje de forma global los problemas, “este es un campo que requeriría mucha más atención por que eso debería llevar a entender y a programar mejor las políticas públicas”, afirmó.

En entrevista, la también miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM detalló que las drogas de mayor consumo en la zona norte son la cocaína y, en menor medida, la heroína; mientras que los inhalables siguen siendo las drogas de preferencia entre la población infantil y adolescente que trabajan en las calles; sin embargo, la marihuana sigue siendo la droga de preferencia generalizada y la que muestra los niveles más altos de crecimiento.

La doctora en psicología social informó que la edad de inicio en el consumo de drogas ha disminuido a 17 años, pero en el caso de los inhalables es mucho menor, pues la tendencia indica que los infantes inician consumiendo este tipo de drogas para después abandonarla y pasar a la marihuana o cocaína.

La drogadicción es una enfermedad y como tal se debe tratar, señaló la especialista, por lo que es necesario desarrollar modelos de tratamiento que sean adaptados a las condiciones culturales de diferentes grupos y evaluar su costo-beneficio, a fin de contar con instrumentos de evaluación más precisos que permitieran tener un diagnóstico específico, donde se incluyan las necesidades de los diferentes grupos de población y las diferentes drogas.

Aún cuando no es sólo un problema únicamente de México, sino del mundo, detalló la experta, por su situación muy particular nuestro país necesita hacer evaluaciones mucho más precisas, porque hemos trabajado poco sobre cuáles son las medidas de acción en las comunidades, cuál es el papel de la policía y cómo la manera en que se enfrentan los problemas se asocia con la violencia.

Y ejemplificó: Si en una comunidad la distribución de drogas se hace por pedido y vía celular, hay un riesgo para la población completamente diferente; si se hace por entrega directa en los lugares dónde está la gente, en los espacios públicos, por lo que las acciones también influyen en la manera cómo se resuelvan los problemas y cómo se genera violencia.

El reto que nos queda es actuar más a nivel de las comunidades y establecer programas de prevención, tratamiento y desarrollo ligado a acciones de procuración de justicia restitutiva, además de reducir el riesgo de delincuencia y violencia mediante apoyo a los adictos y a sus familiares, concluyó Maria Elena Mediana Mora.

En 1987, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.