Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/091/15
México, D.F., 17 de abril de 2015

• Una Constitución para el DF significaría su plena soberanía, equiparable a las demás entidades federativas, pero con un estatuto especial por su carácter de capital y complejidad, económica, política, social y cultural que posee

Intercambian saludos José Ramón Amieva, Ignacio Marván, José Ramón Cossío y José Agustín Ortíz Pinchetti durante la mesa “Situación jurídica de la Ciudad de México”, realizada en El Colegio Nacional.
Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.
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La Ciudad de México es el centro económico y político del país. Es la entidad que más contribuye al Producto Interno Bruto (PIB), la que más riqueza genera a la nación y es sede de los Poderes de la Unión, sin embargo, ante la legislación mexicana no es igual al resto de los estados de la República.

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso: “Todos los que vivimos en esta ciudad percibimos que estamos en una condición interesante, somos una entidad federativa pero no somos un estado como sí son otros 31 ordenes jurídicos en el país”.

El doctor en derecho constitucional moderó la mesa de discusión “Situación jurídica de la Ciudad de México”, realizada en El Colegio Nacional y en la cual participaron José Agustín Ortiz Pinchetti, Ignacio Marván Laborde y José Ramón Amieva Gálvez, de quienes Cossío destacó el trabajo realizado a lo largo de varios años para ayudar a proveer a los habitantes de la Ciudad de México de un estatus jurídico distinto.

Marván, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que entre sus líneas de investigación está el constitucionalismo comparado y el sistema constitucional y el sistema político, recordó que el primer proyecto de Constitución del Distrito Federal que rastreó en los diarios de debates de la Cámara de Diputados fue en 1829, luego de este apunte se ubicó en el siglo XX para hablar de cómo nació la Ciudad de México, cómo recibió el estatus de Distrito Federal y cómo pasó de ser un departamento administrativo a lo que es hoy:

“En 1917 la ciudad se dividía en municipios con ayuntamientos y el gobernador era designado por el presidente. En 1928 se convirtió en una dependencia administrativa con 13 zonas delegacionales; en 1941 se instituyó como Departamento de la Ciudad de México con 12 delegaciones, y fue hasta 1970 cuando se designó a un jefe de Departamento del Distrito Federal; 16 años después (1986) surgió la primera Asamblea de Representantes con 66 miembros, el primer cuerpo de gobierno representativo que tuvo el Distrito Federal en toda su historia, y pese a sus facultades limitadas este hecho modificó la dinámica y lógica de la política de la ciudad”, dijo.

Indicó que en 1996 se llegó al estatus jurídico actual, con un jefe de gobierno y jefes delegacionales elegidos de manera directa, diputados locales con capacidad legislativa y facultades para establecer y aprobar presupuesto de manera más consolidada.

“Pero la Federación se reserva, dentro de este estatus especial, la aprobación de la deuda pública local, los nombramientos del secretario de Seguridad Pública y del procurador, a esto se añade que el Senado de la República tiene facultades para remover, en su caso, al jefe de gobierno (…) Estos han resultado ser arreglos muy perversos y han dado lugar a conflictos de otro tipo”, señaló.

Destacó que el Distrito Federal siempre ha estado sujeto a dos características fundamentales: una gran concentración urbana y un centro de poder político y económico importante, y tomando en cuenta estas particularidades, en opinión del especialista, los cuatro grandes temas recurrentes a lo largo de su historia son: ser sede de los Poderes de la Unión, la organización del gobierno interior, la relación con el gobierno federal – su grado o nivel de autonomía- y su tamaño, territorios y límites.

“No es cierto que el jefe de gobierno o la asamblea sean menos que un gobernador o menos que un congreso local, podrán tener sus limitaciones, pero el primero tiene el poder de un gobernador y el poder de los presidentes municipales, y el segundo, de la misma manera, tiene algunas limitaciones en términos legislativos, pero tiene todo el poder reglamentario que corresponde a los ayuntamientos, también tiene una suma de poder significativa”.

José Ramón Amieva, consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal, se enfocó a describir dónde se encuentra la ciudad desde una perspectiva económica: “Tenemos serios elementos reales que presentan una divergencia entre lo que somos y lo que recibimos. La Ciudad de México es la que más aporta al PIB y genera la mayor riqueza para la nación, pero únicamente recibe el 10% de lo que la Federación distribuye a través de las participaciones federales. No podemos decidir el destino de nuestra deuda pública, los cinco mil millones de pesos que nos comprometemos año con año tienen que pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados; tampoco podemos recibir ciertas participaciones municipales siendo que nuestra división territorial se asemeja en cuanto a autoridades y al esquema de demarcaciones a los municipios”, resaltó.

Sobre la oportunidad jurídica que se tiene para modificar esta realidad, mencionó que hay una reforma constitucional en el Senado, que de seguir su curso estaría dotando a la ciudad de una Constitución. Consideró que esta reforma constitucional, para que realmente lo sea, debe estar sustentada en tres elementos: una dualidad fáctica, a través de un ejercicio de facultades y funciones plenas que le corresponden a un estado y capital del país sede de los Poderes; calidad dicotómica, que sujete a toda la potestad legal que la Constitución marca como principios pero reconociendo la individualidad como sociedad; y estatuto de capitalidad, que garantice la autonomía interna. “El principal producto al que aspiramos es a una Carta Magna del Distrito Federal”.

Y ¿cómo sería el Distrito Federal con su propia Constitución?

Amieva Gálvez destacó que con una Constitución Política, el Distrito Federal sería una ciudad capital, sede de los Poderes de la Unión, con una Constitución emitida por una asamblea constituyente o un congreso, que atendería la relación con los poderes federales, tendría poderes locales – Ejecutivo, Legislativo, Judicial- y órganos autónomos. En la parte de la intervención del Ejecutivo Federal, la relación se daría es materia de coordinación y no subordinación en temas como seguridad pública, justicia, deuda, etcétera. Además, habría una modificación de las delegaciones para tener demarcaciones territoriales y así tener derecho a ocho fondos de aportaciones federales y no a los cinco actuales.

“Necesitamos impulsar esta reforma política, necesitamos contar con nuestra Constitución, tenemos que generar esta identidad entre lo que somos como habitantes, como sociedad, con nuestras instituciones y nuestro marco normativo”, aseguró.

De acuerdo con José Agustín Ortiz Pinchetti, político mexicano, diputado federal de la LIX Legislatura (2003-2006), la reforma que está en el Senado puede ser posible, “ya que el problema no es jurídico sino básicamente político, por supuesto tiene una gran expresión en lo jurídico, pero realmente lo que ha obstaculizado una solución constitucional definitiva para el Distrito Federal ha sido la política, la falta de visión y generosidad; es el intento de utilizar los recursos de la ley como armas para contener, detener, para invalidar la competencia política”.

Planteó tres escenarios que impedirían la creación de una Constitución para el Distrito Federal. El primero, dada la actual situación del país, la cual calificó de “turbulenta y conflictiva”, el proyecto puede no tener relevancia popular por lo que se puede detener. El segundo, es la posibilidad de que pudiera darse una reforma incompleta, pactada con reservas, que serían muy peligrosas como todas las reformas que no se hacen a fondo; y el tercero, que en su opinión es el que se debe impulsar, una reforma con un perfil completo.

Lograr una Constitución “significaría la plena soberanía del Distrito Federal equiparable a las demás entidades federativas, pero con un estatuto especial por su carácter de capital y por la complejidad, económica, política, social y cultural que posee”.

Para el político, los actuales problemas que atraviesa el país hacen indispensable un acuerdo de todos los partidos en un punto central que es la liberación, la autonomía, la soberanía de la Ciudad de México. “Esto significaría que hay al menos un punto que destacar y que es un acuerdo político en una época de turbulencia, de continuas derrotas, donde las perspectivas de todos nosotros parecen rotas y la incertidumbre crece, eso sería una señal positiva que la clase política mandaría a la población de todo el país”.

Como miembro de El Colegio Nacional, el ministro Cossío Díaz ha organizado el ciclo de conferencias “Los problemas nacionales y el derecho”, el cual inició el 11 de febrero y terminará el próximo 4 de noviembre. La charla sobre “Situación jurídica de la Ciudad de México”, se ofreció al público el pasado 8 de abril.

Elizabeth Ruiz Jaimes.