Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/237/18
Ciudad de México, 16 de octubre de 2018

• El papel del Estado es fundamental para buscar la equidad de género pues con política pública el gobierno impulsa y difunde nuevos imaginarios sociales en donde la repartición de las tareas es más equitativa y el empoderamiento de las mujeres incluye su autonomía para el uso y disfrute de sus recursos físicos, humanos, intelectuales y financieros, destaca la académica Ana María Tepichin Valle.

En los programas de transferencias condicionadas, como Progresa, Oportunidades y Prospera, no se ha contemplado la corresponsabilidad de las tareas domésticas con la participación masculina. Son las mujeres las que tienen que procurar el bienestar familiar, mientras que los hombres tienen un rol menor en los cuidados y crianza de los hijos, aspectos que deben tomarse en cuenta para que estos programas sean más eficaces.
Foto: tomada de www.cepal.org.
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Desde la década de 1970 se iniciaron los estudios de género, mismos que aportan conceptos y categorías para el conocimiento de las desigualdades que surgen a partir de la diferencia sexual. Más recientemente, se indaga sobre la manera en que estas desigualdades de género se articulan con otros ejes de inequidad tales como clase, etnia, parentesco y generación. En este campo interdisciplinar se han aportado bases para repensar una ciudadanía incluyente en las dimensiones económica, cultural y personal.

Los estudios de género han abordado —desde la antropología, sociología, economía, demografía, psicología, la historia, entre otras disciplinas— la forma en que se enlaza la condición de ser mujer y la pobreza pues “se ha documentado que las consecuencias que tiene la diferencia sexual se revelan, para las mujeres, en una menor escolaridad, en oportunidades laborales con menor prestigio y con menores salarios, en opciones limitadas de participación política, por mencionar algunas”, indicó la académica Ana María Tepichin Valle.

La investigadora de El Colegio de México (Colmex) ha estudiado desde 1997 la relación entre pobreza y género desde un enfoque de estudios de género. “Inicié con una reflexión conceptual al respecto para después contribuir con la construcción de un marco analítico que nos dé herramientas para el avance del conocimiento de la pobreza con un enfoque de género, de manera que podamos identificar indicadores de pobreza e indicadores de desigualdad de género y no confundir ni traslapar esas dos realidades que requieren un tratamiento diferente”, añadió.

En los últimos sexenios, en México se ha atendido a las mujeres en situación de pobreza, ya sea a través de programas del gobierno federal que fomentan su participación en actividades productivas o los, tan en boga, programas de transferencias condicionadas. El más importante es Progresa, nombrado así en el sexenio de Ernesto Zedillo, luego renombrado Oportunidades en la administración de Vicente Fox, y después Prospera en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Es un programa de transferencia condicionada en el que las mujeres tienen un lugar preponderante pues actúan como eje articulador de las acciones que implementa; de hecho, se ha extendido como un sello de la política social de los últimos tiempos. En este las mujeres son titulares y receptoras directas de los incentivos económicos, pero a la vez están sobrecargadas de trabajo”.

La especialista en ciudadanía, género y política pública explicó que en estos programas no se ha contemplado la corresponsabilidad de las tareas domésticas con la participación masculina, y las mujeres son las que tienen bajo su cargo procurar el bienestar familiar mientras que los hombres tienen un rol menor en los cuidados y crianza de los hijos, aspectos que se deben tomar en cuenta para que este programa sea más eficaz.

El papel del Estado es fundamental para buscar la equidad de género pues con política pública el gobierno impulsa y difunde nuevos imaginarios sociales en donde la repartición de las tareas es más equitativa y en donde el empoderamiento de las mujeres incluye su autonomía para el uso y disfrute de sus recursos físicos, humanos, intelectuales, financieros.

“En temas como la violencia hacia la pareja ha sido fundamental, por ejemplo, la puesta en marcha de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, esto porque socialmente se empezaron a sancionar acciones y conductas violentas que en otros momentos habíamos, como sociedad, naturalizado y dejado para un ámbito privado en el que ‘se arreglaban las parejas’”, dijo la integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

El trabajo hacia la equidad de género tiene sus claroscuros, consideró la doctora en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana, pues la participación política formal de las mujeres, con cargos de elección en el congreso, si bien es muy importante y hemos avanzado mucho todavía surgen casos como el de las “manuelitas”, candidatas que al resultar electas fueron obligadas a renunciar al cargo para ser sustituidas por hombres. Existen las comisiones de equidad de género en ambas cámaras y ahí hay muchos avances, pero si se mira a nivel local, el tema ya no es tan claro.

En otros aspectos como el laboral se sigue teniendo un mercado segmentado en donde existen actividades predominantemente para mujeres, otras que son para varones y, agregó Tepichin Valle, está la cuestión de las brechas salariales en donde teniendo la misma capacidad, en el mismo puesto de trabajo se paga en muchas ramas de la actividad económica más barato el trabajo de las mujeres.

“Y no hablemos de la despenalización del aborto, de salud sexual y reproductiva de las mujeres porque siempre hay una tensión muy fuerte. Cuando se dan pequeños avances viene una andanada conservadora que intenta revertir el logro. Hay luchas ganadas y hay que seguir insistiendo en los temas tabú porque hay mucha resistencia”, expuso la especialista.

Escenarios de pobreza extrema y género
Hay situaciones críticas en las que se cruzan pobreza extrema y desigualdad de género. Hoy en día la profesora del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex realiza un estudio cualitativo de casos de mujeres víctimas de violencia de sus parejas que quedan en un despojo total de bienes y a cargo de la crianza de sus hijos, así como casos de mujeres adultas mayores que carecen de pensión y de seguridad social, en una precariedad que las orilla a vivir con familiares o en casas hogar en condiciones muy difíciles.

“Son poblaciones que requieren políticas de intervención focalizadas, muy específicas, en las que se debe resolver no solo su condición de pobreza, sino que se proporcionen alternativas para ese rezago en función de la desigualdad de género que han vivido, en el que han acumulado desventajas durante toda su vida. Son casos muy importantes que investigar, sobre todo, para dar luz hacia dónde podemos generar acciones que alivien las condiciones de vida de esas poblaciones”.

Luz Olivia Badillo.