Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/334/14
México, D.F., 26 de septiembre de 2014

• Analizan ante periodistas científicos las características de las reformas legales para poner al alcance de toda la población los resultados del trabajo de los investigadores
• El acceso abierto está obligando a las grandes editoriales a pactar con los países para ‘embargar’ los textos científicos solo por cierto tiempo, después del cual deben ‘soltarlos’ para que entren en el repositorio de cada país, explicó Julia Tagüeña
• El acceso público es el primer paso, pero no es suficiente de ninguna manera, hay que continuar e ir más allá: hacia la apropiación de los conocimientos, dijo Ambrosio Velasco

Las reformas permitirán el acceso abierto a la información para acrecentar la cultura científica de la sociedad. En la imagen, Sergio Carrera, Javier Flores, Julia Tagüeña y Ambrosio Velasco.
Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.
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El acceso libre a la información científica, tecnológica y de innovación y la creación de un Repositorio Nacional que reunirá los trabajos de los investigadores que utilizan fondos públicos –la última de las recientes reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de Educación–, fue tema de análisis en el Segundo Seminario Iberoamericano de Periodismo Científico, Tecnológico y de Innovación, que se lleva a cabo en Quintan Roo desde el pasado miércoles.

Estas reformas, publicadas el 20 de mayo último, tienen como finalidad establecer el acceso abierto a la información, con lo cual se busca el acceso gratuito a textos completos, por medio de plataformas digitales, para acrecentar la cultura científica de la sociedad. De esta forma, la población sabrá además qué se hace en ciencia con los recursos públicos y qué ciencia se hace en el país, se dijo.

En la mesa de diálogo “Acceso libre a la información científica y tecnológica”, coordinada por Javier Flores -una de las seis organizadas en el marco del seminario-, Julia Tagüeña, directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); Ambrosio Velasco, doctor en filosofía integrante de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y de la AMC; así como Sergio Carrera, director del Fondo de Información y Documentación para la Industria Infotec, expusieron sus puntos de vista sobre estas reformas.

“El acceso a la información va más allá que el acceso abierto. Hace años, por ejemplo, en muy pocas universidades de nuestro país sus investigadores (y estudiantes) podrían consultar los artículos que se publicaban en su área, lo cual es primordial para hacer investigación.

“Este gran problema de acceso a la información fue atacado (hace cuatro años) con la creación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt). El Conacyt lo encabeza -invierte el 80% de los fondos del programa- pero es un consorcio integrado básicamente por entidades relacionadas con la educación superior en México”, destacó Tagüeña para describir el camino con el que se inició la tendencia que en el mundo se sigue con respecto al acceso a la información científica especializada, y de la que nuestro país en pionera en América Latina.

“El acceso abierto está obligando a las editoriales a pactar con los países a tener los artículos científicos embargados por cierto tiempo pero luego deben ‘soltarlos’ para que entren en el repositorio de cada país. Las editoriales son poderosas, son grandes trasnacionales y la única manera de controlarlas es con este tipo de acciones, con consorcios nacionales”, explicó Tagüeña.

En intervención, Ambrosio Velasco, señaló que la finalidad de estas reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología en materia de acceso abierto a la información científica y tecnológica es democratizar el acceso a la información, resultado de investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación que hayan usado recursos públicos principalmente.

“El acceso público es el primer paso, no es suficiente de ninguna manera, y con esto no estoy negando la importancia de la ley pero sí marcando sus límites y, sobre todo, su necesidad de continuar e ir más allá, hacia la apropiación de los conocimientos”, dijo.

Sostuvo que los periodistas son el principal motor para la difusión del conocimiento, con lo cual se avanza hacia la democratización de la ciencia; sigue después la apropiación social, que requiere otro tipo de esfuerzos; y un tercer paso va en el sentido de su uso público. “Una cosa es la apropiación y otra la capacidad para integrar a la vida cotidiana el conocimiento científico, y esta es una materia donde la educación debe tener un papel fundamental”.

Velasco destacó que en la Ley no se hace mención a las investigaciones humanísticas, cuya inclusión, por el contrario, valoró de importante, porque cualquier desarrollo científico y tecnológico o tecno-científico que prescinda de las humanidades y de una fundamentación ética y política, opinó, es mucho más un riesgo que un beneficio.

Julia Tagüeña zanjó el reclamo del filósofo diciendo que no se estaban dejando de lado a las ciencias sociales ni a las humanidades, aseguró que los contenidos de estas áreas de conocimiento se integrarán al Repositorio Nacional y que aun cuando en la Ley no están especificadas tampoco están fuera, “mucho menos cuando son pioneras en el acceso libre a la información en Latinoamérica”.

Por su parte, Sergio Carrera, de INFOTEC, orientó su participación hacia el uso potencial del acceso a la información científica y tecnología. Dijo que la convergencia tecnológica ha propiciado mayor acceso a la información, a la interacción social y a una creciente información por explotar.

Señaló que esta oferta de información tiene que ver con diversos factores de transformación: disponibilidad y acceso a la tecnología, penetración y uso, políticas públicas de gobierno abierto y datos abiertos, políticas públicas centradas en principios de mejores prácticas y la transportación del valor de la información.

“Está es una manera de dar evidencia de las inversiones nacionales en ciencia, tecnología e innovación, es una manera de devolver a la sociedad aquello que ella misma patrocinó por la vía de los impuestos”, reconoció.

Para garantizar el derecho a la información, expuso Carrera, se requiere de la unión de tres componentes: hardware, donde está localizada la información; software, cómo depositarla y tomarla; y banda ancha, el medio a través del cual viaja.

“Estos son retos que habrá que resolver una vez que se definan las características de los repositorios institucionales o el Repositorio Nacional. Afortunadamente el país tiene las capacidades para resolverlo por cuenta propia, pero quiero subrayar un detalle que es muy relevante y es el de la interoperabilidad, esto es, que los repositorios puedan ser leídos o explorados de un lugar a otro sin restricciones, este requisito está planteado también en la Ley”.

Reconoció que habrá que trabajar con diferentes escenarios, lo cual significa en sí otro reto, pues existen instituciones que tienen una gran producción y que ya tienen grandes volúmenes de información, e instituciones con baja producción, o con reciente creación o de alta especialidad que no es su gran volumen de producción lo que las reconoce, sino la calidad de las mismas.

“Antes había escasez de información, hoy ya todo está disponible, pero ahora la pregunta es cómo hacemos para usarla según nuestros intereses”.

Fabiola Trelles Ramírez y Elizabeth Ruiz Jaimes.