A Ciencia cierta
22 de noviembre de 2005
Nelson Arteaga Bottello*

En los últimos 10 años México ha vivido un incremento de violencia delictiva y y de condiciones de pobreza en amplios sectores de la población. Ambos fenómenos han propiciado que en todas las escalas de gobierno se desarrollen polí­ticas públicas en materia de seguridad pública y combate a la pobreza.

í‰stas pueden entenderse como un grupo heterogéneo de discursos, instituciones, decretos o leyes que definen soluciones a los problemas que enfrenta la organización de la vida de los individuos.

Estos dispositivos orientados a solucionar dic os problemas se estructuraron en un principio con el objetivo de plantear soluciones, pero recientemente tienden a establecer puntos de encuentro: comparten, por tanto, principios de ordenación y clasificación sociales. De esta forma los dispositivos para atender la pobreza y la inseguridad parten de estrategias similares como la focalización, la territorialización, y cierta idea de participación ciudadana.

La pobreza y la violencia delictiva se explican comúnmente como el resultado de la incapacidad de ciertos grupos para hacer frente a los cambios de la sociedad en particular en la esfera de la economí­a y en los mecanismos de ascenso social. La pobreza se entiende corno el resultado de la falta de capacidades para poder insertarse en los procesos de producción económica. De Igual forma sucede con la violencia delictiva, que es pensada también como resultado de bajos niveles educativos, desempleo o empleos precarios, así­ como la incapacidad para asimilar normas y reglas. Se llega a suponer que el pobre y el delincuente se localizan al exterior de las relaciones económicas y sociales formales.

De lo anterior es posible comprender el hecho de que las instituciones gubernamentales insistan en atacarla pobreza y la violencia delictiva de manera integral. Se busca insertar simultáneamente a los grupos pobres y violentos en polí­ticas de empleo educación y prevención del crimen. El procedimiento consiste en hacer intervenir en un espacio considerado como sensible, instancias locales, estatales y federales de todo tipo -salud, servicios públicos, educación. Esto hace posible, finalmente, atender a los pobres por su vulnerabilidad a la vez, por su supuesta peligrosidad.

Una intervención integral de los dispositivos contra la violencia delictiva y la pobreza sólo puede llevarse a cabo en un espacio local. Se cree que los espacios pobres y peligrosos deben ser atendidos como si fueran pequeñas sociedades en miniatura.

Para atender la pobreza por ejemplo se mide y objetiva en un lugar preciso a cierto grupo social con carencias. En términos de seguridad pública, la instauración de estrategias policiales localizadas parte de ubicar espacios territoriales considerados como zonas peligrosas o prioritarias, en las que se establecen cercos que permiten un mayor control social.

La participación ciudadana en las polí­ticas gubernamentales se sustentan, por lo regular, en una vieja idea que considera las zonas habitacionales como generadoras de una cohesión social y espacial que permite que se constituyan identidades y culturas definidas. Dentro de esta lógica se cree que la carencia de estas identidades puede ser la posible causa de estos problemas, por lo que se idealiza en este principio una perspectiva que ignora que las organizaciones vecinales y barriales pueden estar fundadas en prácticas antidemocráticas y autoritarias.

Sobre estos cuatro principios de ordenación y clasificación parece ir constituyéndose el entramado cruces que intentan frenar la expansión de la violencia delictiva y la pobreza. No sabemos cuáles podrí­an ser sus resultados, aunque sí­ dejan ver la conformación a grandes trozos de nuevos contornos de organización social desde las instancias del poder polí­tico.

*Profesor investigador de El Colegio Mexiquense. En este espacio de la Academia Mexicana de Ciencias escriben integrantes de la comunidad cientí­fica.