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La Crónica de Hoy
4 de febrero de 2009
Dr. Rafael Loyola Díaz – Dr. Octavio Paredes López

Al finalizar el año 2008 se publicó finalmente en el Diario Oficial el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) para el periodo 2008-2012. En los círculos académicos se comenta que la aprobación tardía de este documento refleja el escaso interés del gobierno panista en la generación endógena de conocimientos y en la innovación. Aunque el programa asume y se manifiesta por otorgar un carácter estratégico a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), favorecer la apropiación social del conocimiento e innovación, alcanzar el financiamiento necesario, formar recursos humanos de alta calidad y disponer de una normatividad de vanguardia, no especifica cómo se alcanzarán estas metas ni los propósitos corresponden con sus verdaderos objetivos.

Más allá de elementos ornamentales, el nuevo PECyT sólo apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación, con un restringido sentido utilitario del conocimiento. Los ejes sobre los que se estructura el programa son los siguientes: a) La innovación como llave maestra para mejorar competitividad y productividad, al igual que para enfrentar problemas puntuales; b) Favorecer la articulación de los agentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) con las empresas; c) Incrementar la participación de la iniciativa privada (IP) en el financiamiento de la CTI, la cual se estima es del 20% (¿no se estará sobreestimando?); y, d) Articular la CTI a las necesidades nacionales, propósito que explica la importancia que se otorga a una política de prioridades.

La filosofía del PECyT permite entender la consideración del Conacyt sobre la relevancia de innovar para competir y la importancia de incrementar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico en las empresas, así como el significado de la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación para lograr una economía más competitiva, concepto que se repite a lo largo del programa.

Del análisis sobre el estado que guarda el SNCyT, el documento resalta las siguientes insuficiencias: a) Rezago en inversión en CTI, lo cual explica que el país no se sitúa, en la materia, al nivel de su economía ni de la posición que ocupa entre las principales economías del mundo; b) Limitada participación de la IP en la inversión y gasto en CTI, a niveles muy por debajo de los países líderes cuyos valores oscilan entre 40 y 60%; c) Acentuado rezago de inversión en infraestructura de CTI, lo cual impacta desfavorablemente en la calidad de la investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos; d) Déficit en la formación de doctores y de profesionales para la CTI; e) Estancamiento en la generación de patentes, de forma tal que, en la actualidad, ¡está por debajo de la cifra registrada en 1990!: 134 patentes a connacionales en el 2006, lo que significa mucho menos del 2% del total, siendo además insignificante en patentes internacionales; f) Frágil competitividad y retroceso en los últimos años al haber pasado de la posición 38 en el año 2000 a la 58 en 2006, con rezagos adicionales en los años subsecuentes; y, g) La empresa como el eslabón más débil en la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación.

En seguimiento a los propósitos y objetivos que establece el PECyT, conviene señalar que del año 2000 a la fecha se han castigado los apoyos para la investigación, especialmente la básica, y también para infraestructura en CTI y para fundación y crecimiento de organismos de investigación. Por el contrario, está bien documentado que el Conacyt ha privilegiado el desarrollo tecnológico y la competitividad de las empresas, objetivos que en sí mismos son inobjetables, pero que han derivado en distorsiones que invitan a reflexionar sobre la estrategia seguida.

Las pequeñas y medianas empresas registran una limitada absorción de tecnología y experimentan una pobre cultura de innovación; aspectos que requieren de una atención especializada y cuidadosa. A pesar de ello, los estímulos fiscales dieron preferencia a las grandes empresas internacionales que no hacen investigación en México, otorgando mucha menor atención a aquellas clasificadas como pequeñas y más que pequeñas. Además, se sabe que los organismos receptores de estos generosos apoyos los destinaron preferentemente para mantenimiento y aspectos técnicos de baja complejidad, muy probablemente para pago de nómina, quizá hasta para evadir impuestos. En suma, fue cuestionable tanto el mecanismo de selección como la falta de controles que aseguraran el buen uso de tales estímulos. Empero, en el nuevo PECyT se canceló de un plumazo el incentivo fiscal, no se rinden cuentas de los resultados obtenidos ni de las razones que privaron en la decisión, y se sustituye por un jugoso fondo de apoyos directos. Al menos, esperaríamos que se seleccionen colegiadamente los destinatarios, con participación de mexicanos de incuestionable honorabilidad y preparación ad-hoc, y se supervise la aplicación de los recursos asignados.

Por otra parte, resulta ilustrativo que el modelo reciente seguido por México ha generado saldos que se expresan en una acentuada baja de la competitividad y en un estancamiento del registro de patentes nacionales, entre otros. Se entiende que el avance de las grandes empresas internacionales debe beneficiar también al entorno en el que se desarrollan; por ello, en otros países emergentes se ha apoyado también el avance de estos organismos para la generación de CTI, incluyendo la creación de parques tecnológicos y ciudades del conocimiento, pero sin menoscabo de los grupos nacionales. De igual manera se ha estimulado la asociación de las empresas de diversos tamaños y origen, condicionando en algunos casos el apoyo, con universidades y centros nacionales o locales generadores de conocimiento y entrenamiento de personal. Ello también ha comprendido la supervisión del uso de tales estímulos. ¿Por qué no replicar las experiencias de gestión exitosas en lugar de experimentar con mirada limitada y excluyente?

Por otro lado, el presupuesto de 43 mil 528 millones de pesos aprobado por el legislativo para la CTI, para el año 2009, representa alrededor de 0.35% del PIB. En términos reales esta cifra podría ser inferior a la del año previo, en virtud de la inflación y la devaluación del peso, y se encuentra muy lejana de los mandatos legales y de las aspiraciones programáticas que la fijan en 1% del PIB. Tampoco parece haber tenido ningún efecto el comunicado generado por la Academia del Mundo en Desarrollo (TWAS), reunida en noviembre pasado en México con motivo de su 25 aniversario, en el que exhortó al gobierno mexicano a asignar el porcentaje señalado del PIB.

A cerca de 40 años de creación del Conacyt, que ha sido una instancia importante en la ciencia mexicana, muestra ya signos de agotamiento como lo ha señalado el ex rector de la UNAM, Dr. Juan Ramón de la Fuente. Para el caso, es urgente revisar los resultados del modelo seguido, especialmente en los años recientes; también es impostergable prestar mayor atención a la federalización, regionalización y descentralización de la ciencia, sin dejar de lado las zonas menos favorecidas; reorientar el Sistema Nacional de Investigadores, como se planteó en su 20 aniversario organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y otros organismos; desectorizar del Consejo a los Centros Conacyt; crear una instancia de coordinación de los Centros Públicos de Investigación, y mejorar el modelo incorporando, entre otros, mecanismos creativos para la designación de sus titulares con el objeto de asegurar la calidad y pertinencia, por citar algunos de los retos que debemos enfrentar para alcanzar competitividad y nivel internacional en el ramo.

Los hechos demuestran fehacientemente que las declaraciones de nuestros políticos y que los objetivos y metas del PECyT difícilmente se cumplirán ya que, como regalo de Navidad, el Conacyt viene de anunciar que el de por sí reducido número de becarios seleccionados -1,500- el año pasado para cursar programas de calidad en el extranjero, se reducirá ¡a una tercera parte! Hasta en Japón se reconoce la relevancia de incrementar el entrenamiento doctoral y posdoctoral de jóvenes estudiantes en las mejores universidades del mundo fuera de ese país, y ellos tienen 35 mil. El artículo editorial de la revista Science del pasado 21 de noviembre debería ser leída y, en el mejor de los casos, asimilada por los funcionarios mexicanos que toman decisiones de CTI. Existen áreas del conocimiento débiles o inexistentes en el país que hacen obligado el entrenamiento doctoral y posdoctoral en grupos líderes del mundo desarrollado, entre otros aspectos. Varios países emergentes y con los que competimos también están pasando por crisis financieras; sin embargo, muchos de ellos han comprendido, mejor que nosotros, que la creación de riqueza y bienestar pasa necesariamente por la educación de calidad y la generación de CTI.

*Octavio Paredes López es investigador del Cinvestav-IPN, Irapuato, y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República (CCC)
*Rafael Loyola Díaz es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

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