El Economista
23 de mayo de 2012
Manuel Lino
El pasado 15 de mayo, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, encabezado por el doctor Juan Pedro Laclette, presentó sendas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue a los funcionarios responsables por incurrir en probables ilícitos al no presupuestar 464,000 millones de pesos a ciencia y tecnología entre los años 2006 y 2011.
Dicho monto correspondería a 1% del PIB por año que la ley obliga a destinar a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Los afectados por esta omisión, se afirma en la denuncia, serían los jóvenes científicos para los que no hay plazas suficientes y los pobladores de México en general.
Del análisis de los artículos 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y 25 de la Ley General de Educación, podemos apreciar la obligación de destinar el referido 1% del PIB para investigación científica y desarrollo tecnológico […] El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los montos respectivos y de transferir los recursos a las entidades federativas”, se lee en el documento que demanda se investigue a los funcionarios de la SHCP que resulten responsables de la omisión.
En la denuncia se aclara que: “No obstante que la omisión en destinar al menos 1% del PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico se ha presentado desde al menos 20 años, la presente denuncia considera la omisión a partir del año 2006, en virtud de que en esa fecha se configuró la obligación para la SHCP de elaborar un Proyecto de Presupuesto de Egresos que considerara tal porcentaje del PIB”.
El cálculo del monto que durante el periodo 2006-2011 no se destinó a investigación y desarrollo es de 464,484 millones de pesos corrientes, y se especifica que: “El no otorgar dicho monto a los dos rubros referidos ocasionó sin duda daños y perjuicios a nuestro país, pues impidió el adecuado desarrollo de tales actividades, afectando no solamente a las instituciones y personas que las llevan a cabo, sino a la sociedad en su conjunto, cuyos integrantes son los destinatarios finales de los productos de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Está demostrado que la adecuada inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico trae aparejada una mejora en la calidad de vida de las personas. Al no cumplir lo dispuesto en el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 25 de la Ley General de Educación, los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han afectado la esfera jurídica de millones de mexicanos que el día de hoy viven en situación de pobreza, como consecuencia directa de sus omisiones”.
La denuncia fue presentada “con la convicción de que para solucionar los grandes problemas nacionales y fortalecer el desarrollo económico equitativo, México requiere del cabal cumplimiento de los compromisos institucionales relativos al desarrollo nacional de la ciencia y la tecnología”. El Foro Consultivo está integrado por las Academias de Ciencias, de Medicina, de la Lengua, de la Historia, la UNAM, el IPN y Coparmex, entre otros.
manuel.lino@eleconomista.mx