El Universal
30 de noviembre de 2009
Rosaura Ruiz
Continuando con las reflexiones que expuse en mi colaboración anterior, retomo el anuncio del titular del Ejecutivo, quien declaró: “Es hora de enderezar el rumbo social”. Sin embargo, las políticas que se siguen son aquellas que gradualmente han garantizado la desigualdad social, la falta de oportunidades para miles de jóvenes y la escasa posibilidad de alcanzar un alto desarrollo científico-tecnológico. Esas tendencias se favorecen cada vez que los presupuestos destinados a Educación, a Ciencia y Tecnología se recortan.
Pese a los sólidos argumentos esgrimidos por múltiples universidades, institutos, centros de investigación y la Academia Mexicana de Ciencias, el presupuesto que la Cámara de Diputados asignó para 2010 en Ciencia y Tecnología sufrió un nuevo recorte: será inferior en 4.6% respecto al que se ejerció en 2009, lo que representa una inversión de 0.34% del PIB (Producto Interno Bruto) en este rubro, es decir 0.03% menos que en el presente año. Así, mientras en 2009 se invirtieron en este rubro 43 mil 528 millones de pesos, para el año próximo serán 43 mil 516. Seguimos lejos de una política de Estado responsable que incremente gradualmente las asignaciones presupuestales indispensables para cumplir con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente que establece la obligatoriedad de destinar 1% del PIB. De 2003 a 2007, el porcentaje para ciencia y tecnología decreció de 0.43 % a 0.35%. No obstante, en 2009, alcanzó dos centésimas adicionales (0.37%); de haberse mantenido esa tendencia -lo que no ocurrió- la Ley se cumpliría hasta 2042, pero mientras se siga recortando esta asignación, lejos de enfrentarlo, se profundizará el rezago en esta materia.
Por otra parte, el presupuesto aprobado en el Ramo 38 (CONACyT y Centros CONACyT), que normalmente corresponde a una tercera parte del total otorgado en el país en ciencia y tecnología, se incrementó en aproximadamente 450 millones de pesos, por lo que quedó en 15 mil 956.6 millones. Esta cifra resulta de la ampliación por 720 millones de pesos en algunas partidas y de la reducción de 281.9 millones de pesos en otras. Resta saber a qué sectores y en qué cantidades correspondieron los recortes que hicieron posible este aumento. Cabe señalar, en cuanto a las ampliaciones, que se asignaron a proyectos nacionales: 390 millones a Fondos Mixtos, 120 al Gran telescopio milimétrico, 50 al Laboratorio de Bioseguridad BSL III Plus, 50 al Centro Regional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica “Mario Molina”, 10 a la Agencia Espacial Mexicana, y 100 millones a los Centros de Tecnología y Aprendizaje del Estado de México.
Como mencioné en mi artículo anterior, la Academia Mexicana de Ciencias ha planteado propuestas para revertir el rezago que padece nuestro país en ciencia y tecnología. Es necesario alcanzar un compromiso entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, los gobiernos estatales y las instituciones de investigación y educación superior que establezcan las condiciones de posibilidad para el cumplimiento, en el menor plazo posible, del mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología. Para lograr que, al menos en 2018, sea satisfecho nuestro objetivo, sería necesario incrementar el presupuesto público para ciencia y tecnología en sólo 0.07% del PIB cada año, lo que equivale a un incremento de 12 mil millones de pesos anuales. Esta cifra, que implicaría un auténtico rescate de la ciencia, podría parecer enorme, pero resulta ínfima si se compara con 0.5% del PIB que desde 1995 a la fecha, se ha otorgado cada año en promedio a los rescates bancarios y carretero. Tan sólo en 2009 se otorgaron 13 mil 762 millones de pesos al primero y 18 mil millones de pesos al segundo, lo que suma un total de 31 762 millones de pesos.
(Agradezco la colaboración del licenciado Héctor Ramírez del Razo para el análisis del presupuesto).