Campus Milenio
17 de septiembre de 2009
Rosaura Ruiz Gutiérrez*
Las situaciones de emergencia y de crisis económica, social o política son las que plantean los mayores desafíos a gobiernos y sociedades. En éstas prevalece la urgencia y, frecuentemente, la atención de lo inmediato subyuga la visión de largo plazo.
Pero las crisis tienen también efectos positivos. Uno de ellos consiste en poner al descubierto los aciertos y los errores de la sociedad y del gobierno. Se hacen evidentes también sus fortalezas y sus problemas. En la capacidad de discernirlas con claridad y oportunidad radica la posibilidad de superar los momentos críticos y de ingresar hacia una etapa de renovación y de cambio.
A lo largo de este año en múltiples foros académicos, legislativos y sociales se reiteró la importancia estratégica de la ciencia, de la tecnología y de la educación para el desarrollo humano y social y el crecimiento económico. La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) demostró en forma enfática que existe una correlación positiva entre la inversión en estos rubros, el nivel de competitividad internacional y un alto desarrollo humano sostenible. Afirmamos que sin desarrollo tecnológico de base científica no podrán revertirse las condiciones que muestra un país en pleno rezago, con un tremendo aumento de la inseguridad y del desempleo y un doloroso incremento de la pobreza.
No obstante, las decisiones del gobierno federal en materia de ciencia y tecnología reflejan una falta de compromiso para resolver muchos de los problemas que aquejan a nuestro país.
Ejemplo de ello es asegurar que se defenderá el presupuesto destinado a programas públicos y sociales y después reducir el monto de las becas del Conacyt para los estudiantes de posgrado, así como anunciar recortes al sector educativo por más de 7 mil millones de pesos.
El Informe 2007-2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a México, por su Índice de Desarrollo Humano, en la posición 52 de un conjunto de 177 países, por debajo de Argentina, que ocupa el lugar 38, Chile el 40 y Cuba el 51.
México es actualmente la economía 14 del mundo; no obstante, es un país atrasado por la profunda desigualdad que en él prevalece. Conviven aquí algunas de las personas más ricas del mundo, con millones de habitantes en una situación de vida similar a las de Haití o de los países más pobres de África.
Para blindar la política científica y tecnológica frente a coyunturas económicas y políticas sexenales, México requiere asumir un gran acuerdo nacional que conduzca a un Programa de rescate de la ciencia y la tecnología.
Para ello, es imperativo alcanzar un compromiso entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos estatales y las instituciones de investigación y educación superior que conduzca al cumplimiento de la Ley de Ciencia y Tecnología. Ésta obliga desde 2001 al Estado mexicano a destinar un presupuesto público para investigación científica equivalente a, por lo menos, 1 por ciento de su producto interno bruto (PIB).
Es importante recordar que el presupuesto federal para ciencia y tecnología aprobado para 2009 equivale a 0.36 por ciento1 del PIB. En un escenario inercial, es decir, de mantenerse las actuales tendencias de la economía y del gasto público destinado a este rubro, México alcanzaría la meta de 1 por ciento del PIB en el año 2042.
En cambio, cumplir el mandato de ley en 2012, requiere que en los próximos tres años el Estado mexicano incremente el gasto público en ciencia y tecnología en casi 90 mil millones de pesos, lo que equivale a 30 mil millones de pesos más cada año. Esto se sumaría a lo asignado a este ramo, que este año ascendió a 43 mil millones de pesos.
En un escenario alternativo, podría establecerse un compromiso político de Estado para acatar finalmente el mandato de ley, a más tardar en el año 2018. Con ello, se cumpliría también con lo señalado por la OCDE y por organismos internacionales como la mínima inversión para que un país despegue y realmente pueda participar en la economía del conocimiento y, por esta vía, logre mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Ello implicaría incrementar cada año en promedio, y durante los próximos nueve años, el presupuesto público para ciencia y tecnología (federal y estatal) en 12 mil 700 millones de pesos2.
Tal esfuerzo equivaldría a un aumento para este tema de sólo 0.07 por ciento del PIB de cada año3. Se trata de un esfuerzo financieramente viable, sobre todo si se compara con los rescates que en otros momentos realizó el Estado mexicano, como el del sistema bancario, mediante el Fobaproa-IPAB, y el de las empresas privadas constructoras de proyectos carreteros fallidos4. Para dichos rescates, se destinaron entre 1995 y 2008 recursos públicos por un monto de 453 mil millones de pesos. En promedio, cada año, estas operaciones le han costado al país erogaciones equivalentes a 0.59 por ciento del PIB.
El problema real que enfrenta el desarrollo científico y tecnológico en México es la falta de recursos, debida a la escasa captación fiscal, a la reducción del precio y de la producción de petróleo, entre otras causas. La paradoja estriba en que las crisis financiera y social se dan en un país en que sí hay dinero, sólo que éste se concentra en las manos de unas cuantas empresas e individuos.
Para rescatar a la ciencia y la tecnología, la AMC propone partir del mismo principio aplicado por el gobierno mexicano en el rescate bancario; esto es, conferir dentro del presupuesto federal una alta prioridad al financiamiento, en este caso, de la investigación científica y del desarrollo tecnológico.
Tal objetivo puede lograrse mediante un mecanismo que combine dos instrumentos:
1. Reforma fiscal. Proponemos incrementar los ingresos públicos mediante una reforma fiscal progresiva en la que los grupos de la sociedad con mayores ingresos y patrimonio contribuyan a financiar el desarrollo. Esta propuesta se opone a la reforma fiscal regresiva que busca aumentar la tasa del IVA a medicinas y alimentos. Proponemos a los poderes Ejecutivo y Legislativo reformar la ley del Impuesto Sobre la Renta para incrementar gradualmente las tasas de los estratos de mayores ingresos. Asimismo, se debe crear un impuesto que grave las ganancias de capital, particularmente por las operaciones en el mercado de valores, como lo hacen los países más industrializados5 y no como en cambio se ha pretendido, asignando el Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas. Ambos mecanismos permitirían que las empresas y personas que mayores beneficios económicos obtienen en el país, contribuyan en la misma medida a su desarrollo.
2. Renegociación del pago del rescate bancario. Renegociar el pago del rescate bancario, con el fin de reducir y recalendarizar los pagos por amortización del saldo de dicha deuda, que actualmente asciende a 752 mil millones de pesos6.
Los recursos liberados se destinarían a financiar programas de investigación y desarrollo tecnológico de alto impacto social y económico.
La estrategia de rescate de la ciencia y la tecnología incluye, por supuesto, aplicar estos recursos, con la mayor eficiencia y transparencia, a la consolidación de las instituciones de educación superior e investigación, así como al establecimiento de nuevos centros, particularmente en los estados con menor desarrollo. Un tema central es el de la creación de nuevas plazas que favorezcan la consolidación de una nueva generación de investigadores.
Cabe recordar que el promedio de edad de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores es de 55 años, y el de los que pertenecen al Nivel III, de 63 años, es decir, cercano a la edad de jubilación, y el de los candidatos a Investigador Nacional, de 38 años, una edad en la que, en los países desarrollados, un académico ya está consolidado y en plena etapa productiva.
Por último, quiero reiterar el compromiso de los científicos mexicanos para contribuir desde su ámbito al desarrollo de México, por ello, en este año que celebramos los 50 años de la Academia Mexicana de Ciencias, nuestro lema es “Ciencia para el desarrollo de México”. Este medio siglo de trabajo ininterrumpido nos permite confirmar, una vez más, que en México se hace ciencia, y se hace bien.
Notas
1. Si se considera el PIB estimado en los Criterios Generales de Política Económica y en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2009, el presupuesto federal para ciencia y tecnología equivale a 0.33 por ciento del PIB. Sin embargo, al reducirse la estimación de crecimiento de la economía nacional, por parte de la SHCP, la proporción aumentó a 0.36 por ciento del PIB.
2. A precios constantes de 2009.
3. Asegurar dicho incremento anual, en forma sostenida, durante un periodo de nueve años, equivale a 0.63 por ciento del PIB.
4. El paquete de 23 autopistas rescatadas, requirió que el gobierno federal, por medio del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), asumiera una deuda original de 58 mil 123 millones de pesos; sin embargo, el último reporte publicado por la SHCP indicó que en diciembre de 2006 la suma de dicha deuda se elevó a 174 mil 736.4 millones de pesos. Senado de la República, Gaceta del Senado, 8 de febrero de 2007.
5. La OCDE ha documentado ampliamente los casos de Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
6. Saldo de los pasivos netos del IPAB. Informe de la situación del IPAB al 31 de marzo de 2009. Tomado del sitio: http://www.ipab.org.mx/03finanzas/03_02_situacion.htm.
* Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias.