El Sendero del Peje
8 de julio de 2009
Notimex
México.- Es lamentable que en las universidades mexicanas la investigación no sólo esté separada de las funciones de docencia, sino que se le ve como una actividad complementaria a la que sólo se destina menos de 20 por ciento del presupuesto, consideró Emilio Ribes Iñesta.
El integrante del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara, indicó que a pesar de que en las legislaciones universitarias se establece la obligatoriedad de esa tarea, en ninguna institución se establecen las condiciones y circunstancias en las que puede realizarse.
Tampoco sorprende, dijo, que los apoyos financieros destinados a la investigación nunca sobrepasen 20 por ciento del presupuesto global y que, en muchas universidades, ni siquiera se prevean formalmente.
En su artículo «La investigación en la universidad pública» subrayó que la universidad sólo puede enseñar en la medida en que investigue y reflexione sobre el conocimiento producido en ella y en otras instituciones.
No obstante, con el establecimiento de las políticas federales de control de evaluación, desde 1988 el profesor y el investigador son considerados fuerza de trabajo, puntualizó en el texto publicado en la Revista Ciencia, órgano de difusión de la Academia Mexicana de Ciencias.
Sus resultados, expuso, se miden con el número de egresados, la llamada «eficiencia terminal» y el número de patentes, publicaciones o presentaciones en eventos de carácter científico.
Ribes Iñesta mencionó que la asignación de presupuestos institucionales y remuneraciones individuales se basa en criterios de «calidad» evaluados bajo el rubro de «productividad académica».
Ello, agregó, promueve que se invierta principalmente en las instituciones e individuos más rentables, limitando o retirando los recursos a aquellos considerados «improductivos», lo que ha fomentado la simulación, la corrupción y el derroche de recursos.
La llamada «cultura de la evaluación», institucionalizada en la forma de centros y organismos nacionales con funciones normativas, advirtió, ha consolidado la hiper-regulación de las instituciones de enseñanza superior y ha fomentado una nociva política de certificación al interior de las universidades.