El Universal
21 de marzo de 2009
Rollin Kent Serna
Por mandato constitucional todas las secretarías de Estado de una administración federal entrante deben elaborar, de manera consultada, documentos que indiquen sus diagnósticos, las principales definiciones de política y las vías por medio de las cuales prevén cumplir con los objetivos propuestos. Los planes de cada sector, o secretaría de Estado, pasan a integrar entonces el Plan Nacional de Desarrollo de la administración federal.
En el sector educativo, los planes nacionales normalmente han sido elaborados concienzudamente. Esta tradición parece haberse roto. A finales de 2007 se publicó el Plan Sectorial de Educación 2007-2012. Su lectura me suscitó varias reacciones. Pasé de la sorpresa y la incredulidad ante su pésimo contenido al enfado. Intenté entonces entender la lógica subyacente de un plan de gobierno que parece elaborado con descuido y con una cierta dosis de indolencia ante lo que pasa y pueda pasar en el sistema educativo mexicano.
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 consta de 64 páginas y está organizado en torno a objetivos, indicadores y metas. Habría mucho qué discutir sobre cada uno de sus objetivos, pero quiero subrayar aquí que la redacción de todos los objetivos generales y temas transversales tiene una cosa en común: la banalidad.
A lo largo de sus 64 páginas, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 no se pronuncia sobre una visión educativa para México. Como propuesta de política educativa está conceptualmente vacío. En el PSE la visión de lo educativo es “sistémica”: la educación es vista como un gran aparato que puede ser planeado y conducido mediante la regulación de sus insumos, procesos y productos. ¿Cómo medir los resultados? Mediante el uso de indicadores.
Obviamente, no podemos estar en contra de la utilización de indicadores en la política pública, pero tienen que representar operativamente una concepción más general. En el PSE la visión de lo educativo no incorpora a los profesores, los estudiantes y los directivos del sistema educativo. Por tanto, en tal visión carece de sentido hablar de trayectorias formativas de los jóvenes, de la diversidad de prácticas de lectura entre estudiantes indígenas y urbanos, del desarrollo de una ética pública o de la formación de la ciudadanía en la escuela. La educación es una gran caja que recibe insumos y genera productos y que debe funcionar más eficientemente. No se hace cargo de lo que sucede adentro, pues supone que no hay problemas en sus formas de organización y gestión.
Conviene advertir que el PSE no hace mención (o lo hace muy superficialmente) de problemas que han sido ampliamente señalados por organismos como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), grupos como el Observatorio Ciudadano de la Educación, articulistas como Roger Díaz de Cossío y otros, y numerosos investigadores en artículos, libros y ponencias. Me permito enlistar aquí algunos de estos problemas que, sin ser desde luego un catálogo completo, han sido señalados claramente como temas centrales para la educación en México.
La ausencia de una política amplia para reformar e integrar la educación media o bachillerato. El PSE habla de la “educación media superior” en líneas generales y sin señalar que este nivel ha sido el más abandonado por la política educativa, que es el más desintegrado curricularmente y es el de mayor crecimiento demográfico en la actualidad.
Los problemas de coordinación tanto a nivel básico como superior. La federalización de la educación básica ha generado beneficios mas también costos y nuevos problemas, pero no es mencionada en el PSE más que como un dato, una constante, del panorama actual.
El financiamiento es tratado como una cuestión rutinaria sujeta a los ritmos y disposiciones del momento.
El uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación es abordado como un tema llanamente técnico.
Se abordan superficialmente problemas de contenido fundamentales para toda la educación mexicana, como son la lectura, las matemáticas y las ciencias. Si se insiste en modas discursivas como la “sociedad del conocimiento”, habría que ser consecuente con algunos de sus planteamientos. No son temas exclusivos de la educación básica o media, sino que recorren al conjunto de la formación de los jóvenes, impactando la formación de tecnólogos y científicos y la cultura general del ciudadano, como ha venido insistiendo la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Frente a las anteriores evidencias, toda la retórica acerca de una “política de Estado” en materia educativa no pasa de ser una mala broma. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 es inquietante, en primer lugar, por su pésima calidad. Su hechura está muy por debajo de planes educativos nacionales anteriores. Si bien, con toda evidencia, un plan de educación bien hecho no garantiza una buena política educativa, una política educativa seria no puede carecer de bases conceptuales y empíricas.
En segundo lugar, es muy preocupante que el PSE no se haga cargo de los debates, evaluaciones e investigaciones que en tiempos recientes han florecido en materia educativa, pues da la impresión de que las autoridades educativas federales operan en aislamiento de toda realidad o consideración educativamente sustantiva y de que les tiene sin cuidado la legitimidad de sus planteamientos.
En tercer lugar, todo ello es una fatal señal para el conjunto de las autoridades educativas en los gobiernos estatales y municipales y los directivos de las instituciones educativas.
Es obvio que no se debe sobrevalorar el efecto que pueda tener un plan nacional en el pensamiento y la acción de autoridades educativas en todos los niveles, pues sabemos que los discursos educativos generales tienden a ser redefinidos a modo en los distintos contextos y frente a diversos intereses políticos que pululan en el sistema educativo. Pero un plan nacional de educación de tan mala factura insinúa para todos los actores que los asuntos educativos no merecen más que un gesto retórico que cumpla mínimamente con las obligaciones señaladas constitucionalmente en la Ley General de Planeación.
Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla