El Universal
9 de marzo de 2009
Rosaura Ruiz y Rafael Loyola Díaz*
Evolución
En la pasada administración del presidente Fox, un sector significativo de la comunidad científica cuestionó con insistencia el Programa de Estímulos Fiscales, aprobado por el legislativo a iniciativa del Conacyt, con el objeto de impulsar la participación de la empresa privada en la investigación y el desarrollo tecnológico, y para lograr que las incorporaran, junto con la innovación, en su gestión.
El propósito central del programa se dirigió a potenciar y mejorar la competitividad de las empresas y se mantuvo hasta los dos primeros años de la administración del presidente Felipe Calderón, habiendo representado, según datos del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), alrededor 18 mil 411.8 millones de pesos (1), en el periodo 2001-2008 y que se reintegraron, vía exención del pago de impuestos, a las empresas que lo aprovecharon.
Dicho de otra manera, ese monto fueron recursos públicos del contribuyente que se reintegraron a los empresarios, con el propósito de que invirtieran en investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI).
Desde su creación y hasta al final de su vigencia, dicho programa fue objeto de críticas, las cuales no provenían de una supuesta oposición de la comunidad científica a que se estimulara la participación de la iniciativa privada en actividades de IDTI ni a que no estuviera interesada en impulsar la productividad económica y mejorar la competitividad. Si se analiza con detenimiento la encuesta aplicada por la Academia Mexicana de Ciencias a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores a principios de 2005, se constata su opinión favorable a la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Por el contrario, los cuestionamientos se dirigieron a la manera como estaba formulado el programa, a la discrecionalidad en la aprobación de los estímulos, a la falta de supervisión sobre su destino y resultados, a los estímulos otorgados a empresas trasnacionales con tradición de generar la innovación en sus matrices, al poco interés concedido a las micro y pequeñas empresas, al descuido en la relación academia-empresa, a la presunción de que era una cobertura para evadir impuestos y a la sospecha de que se habían instalado consultoras que vendieron exitosamente sus servicios para que los empresarios se ahorraran cuantiosos impuestos o para que actualizaran equipamiento, importándolo al amparo del programa.
Luego de cerca de ocho años de aplicación de dicho programa y de una política centrada en tecnología e innovación sin ciencia, los resultados son desalentadores: deterioro de la competitividad al haber pasado México de la posición 38 en el año 2000 a la 60 en 2008-2009 (2); retroceso en la balanza de pagos tecnológica (BPT) al registrarse un déficit constante y experimentar una caída abrupta a partir de 2001 (3), año en el que el Conacyt empezó a multiplicar los fondos destinados a las empresas y cuando inició la aplicación de estímulos fiscales; magro rendimiento en materia de patentes, reconocido por el propio Consejo en su propuesta de Programa Especial de Ciencia y Tecnología (2008-2012) (PECIT), de forma tal que entre los años 2000 y 2004 solamente en 2002 rebasó el tope de las seis mil, y a partir de esa fecha sigue registrando una tendencia decreciente, de forma tal que, en la actualidad, está por debajo de la cifra registrada en 1990: 132 patentes a mexicanos en 2006, lo que significa menos de 2% del total, siendo además insignificante el porcentaje de las internacionales.
Los pobres resultados de una política de ciencia y tecnología concentrada básicamente en la innovación y el desarrollo tecnológico para la competitividad son reconocidos por el propio Conacyt. En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (PECIT) 2008-2012 se dice, no sin cierto lamento, dicho en voz baja para que no se note mucho, que en la cadena del conocimiento el eslabón débil es la empresa, agregando que sigue sin incorporar en su actividad a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (IDTI).
Esta misma apreciación formula el Conacyt en uno de los programas con los que sustituye al de estímulos cuando argumenta que si bien “las empresas constituyen los agentes centrales de los sistemas de innovación, en el caso de México éstas aún no se consolidan en la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación”, deduciendo de esta certeza que por ello se requiere “fortalecer los programas de incentivos a las empresas que inviertan en IDTI…”.
Dicho de otra manera, si se tienen resultados negativos de una política de ciencia enfocada básicamente al impulso de la IDTI para fortalecer la competitividad, se hicieron críticas al programa de estímulos fiscales por la falta de controles que aseguraran el buen uso de los recursos públicos y el propio Conacyt asume la falta de decisión de las empresas para incorporar la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿por qué aún se mantiene el modelo bajo una modalidad que permite otorgar con más discrecionalidad recursos del contribuyente a las empresas para ver si, ahora sí, invierten en innovación y desarrollo tecnológico? (Mañana, la segunda parte)
(1) Datos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 2001-2008. Corresponden a recursos asignados por al Comité Interinstitucional por concepto de Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología.
(2) Según datos del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2008.
(3) De acuerdo con datos del Banco de México, en 2001 la Balanza de Pagos Tecnológica de México era la siguiente: ingresos de 40.8 millones de dólares y egresos de 406.7 millones de dólares. Para 2005, conforme a datos INEGI-Conacyt, el mismo indicador en cifras preliminares reportó: ingresos de 180.4 millones de dólares y egresos de mil 628.9 millones de dólares.
* (Rosaura Ruiz Gutiérrez es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Rafael Loyola Díaz es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM)