Rumbo de México
12 de noviembre de 2008
Alejandro Envila Fisher
Frivolidades peligrosas; la democracia barata
Al momento de escribir de esta columna, los diputados federales todavía no decidían de cuánto sería el recorte al presupuesto solicitado por el Instituto Federal Electoral para el ejercicio 2009. Las razones de la decisión final seguramente fueron muchas, pero sin duda pesó la falta de un argumento serio y consistente para justificar y defender la solicitud de casi 13 mil millones de pesos para el año próximo.
Para un presupuesto de gasto total que en 2009 superará, por mucho, los tres billones de pesos, el requerimiento de 12 mil 880 millones para el IFE no era desproporcionado sino austero y apenas suficiente para cubrir las responsabilidades del órgano electoral. De hecho, los 12.88 miles de millones de pesos solicitados al Congreso, equivalentes a más de mil millones de dólares al tipo de cambio actual, son apenas el 0.45 por ciento del gasto total en que incurrirá el Gobierno Federal a lo largo de 2009. Esa comparación de proporciones era, a decir de Leonardo Valdés Zurita, un dato relevante.
En tiempo de crisis, cuando mucha gente ha perdido ya su empleo y la que lo conserva ve con impotencia cómo los aumentos de precios hacen cada vez más pequeña la capacidad de compra de su salario, el consejero presidente del IFE defendió su proyecto de presupuesto con los argumentos más frívolos e insensibles de que se tenga memoria en los 18 años de vida que el IFE lleva como organismo público incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En realidad, lo único relevante en la argumentación de Valdés Zurita es la revelación de su creencia de que las elecciones mexicanas son baratas.
El elevado costo de los comicios mexicanos siempre ha sido un tema controvertido. En un país caracterizado por sus altísimos y crecientes niveles de pobreza, mantener a una institución como el IFE, con una gigantesca burocracia que cobra todos los meses de cada año para preparar una jornada electoral que se celebra únicamente cada tres años, que además tiene un cuerpo directivo integrado por nueve personas con currícula modestas, pero salarios equiparables a los que recibe cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (alrededor de 200 mil pesos mensuales), complementados con toda clase de prestaciones, y cuya responsabilidad en realidad se reduce a vigilar las elecciones que organiza la estructura operativa de la institución, parece contradictorio y carente de sentido, por decir lo menos.
Leonardo Valdés pudo defender y hasta justificar su solicitud de presupuesto aludiendo a asuntos técnicos como el costo del monitoreo y el envío de los spots de propaganda a todas las estaciones de radio y televisión en el país, pudo señalar el vencimiento definitivo de varios millones de credenciales de electoral expedidas en 1991 y formadas por Emilio Chuayffet, como hecho que obliga a un enorme gasto en credencialización, hasta pudo alegar que los casi 13 mil millones de pesos representan el costo de la desconfianza, que obliga a los mexicanos a tener un proceso electoral plagado de candados de seguridad que también cuestan dinero, pudo incluso haber tratado de sacarle algún provecho al doctorado que tanto presume y argumentar consistentemente que la organización de las elecciones por el IFE es la forma institucional de renovación y transmisión del poder que los mexicanos se han dado, pudo hasta permitirse el dramatismo y admitir que la democracia es cara, pero sería mucho más cara la dictadura. Sin embargo, el consejero presidente optó por la frivolidad y minimizó el escandaloso costo de operación del IFE.
En el más absoluto de los absurdos, el titular del IFE alegó que mil millones de dólares no son tanto dinero (Barack Obama gastó 650 para conquistar la Presidencia del país más poderoso y más rico sobre la tierra), pues representan apenas medio punto porcentual del gasto total del sector público en México para el año próximo. Si Valdés se hubiera informado sobre el monto total que el gobierno mexicano destina en promedio cada año a la investigación en ciencia y tecnología, si se hubiera molestado en enterarse de que Rosaura Ruiz, la presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias, peleaba la tarde de ayer por lograr que el presupuesto a ese sector estratégico se mantenga en 0.34 y no baje al 0.35 por ciento del PIB, o si hubiera comparado el gasto en elecciones con lo necesario para becar a un niño desde la primaria hasta la licenciatura, en escuelas privadas, se habría dado cuenta de que con ese dinero se puede garantizar educación de excelencia a 26 mil mexicanos. Pero desde las alturas de la camioneta con chofer, los guardaespaldas, los gastos de representación en México y en el extranjero, el fondo de retiro y el jugoso cheque quincenal entre otras cosas, debe ser muy dificil no perder el contacto con la realidad sin una formación personal suficientemente sólida.