La Crónica de Hoy
3 de junio de 2007
Saúl Arellano
México gasta proporcionalmente, y también en términos absolutos, mucho menos en la educación formal de su población que cualquier país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A pesar de las coberturas alcanzadas, los niños y jóvenes mexicanos cursan muy pocos grados de educación formal, y la educación que reciben es de una calidad deficiente. Por si fuera poco, la mayor parte del gasto destinado a la educación se destina al pago de los salarios de los profesores, dejando un desproporcionado margen para la inversión directa para los estudiantes. Por esto, los esfuerzos para incrementar la eficiencia y reducir la inequidad en la educación, deben tener prioridad para nuestro país.
El anterior párrafo constituye una síntesis en traducción libre, de la entrada al capítulo 6 del texto ¡Getting it Right!, publicado por la OECD (siglas en inglés) este 2007. En el texto, se advierten los distintos retos que tenemos como país si queremos romper con los ciclos de pobreza que amenazan con perpetuarse y atrapar a más y más generaciones.
Aludir a este texto tiene sentido, si se revisan las recientes declaraciones de los Rectores de las Universidades Públicas el pasado 19 de mayo, y más aún si se revisa en consecuencia el tema de cuánto destina el gobierno federal y los gobiernos estatales al financiamiento de la educación superior y media superior.
Se ha dicho en prácticamente todos los espacios públicos que el siglo XXI está caracterizado por una serie de revoluciones tecnológicas, que han llevado a las economías a la generación de cada vez mayor valor en los sectores relacionados con la aplicación práctica del conocimiento científico y tecnológico.
El rector de la UNAM, denunció el pasado 19 de mayo en Veracruz, que el presupuesto para la educación superior se redujo en los últimos seis años del .42% del PIB en el año 2000, al 0.35% en 2007. Cifra escandalosa pues las recomendaciones internacionales establecen que los países debieran destinar al menos 1.5% de su PIB para detonar procesos de creación científica y tecnológica. Más escandaloso aún, porque este monto presupuestal constituye una violación a lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología, la que mandata que el país debe invertir al menos el 1% del PIB en investigación y desarrollo tecnológico.
Las y los diputados tanto en el ámbito federal como en los Congresos estatales debieron asumir la responsabilidad del mandato de la Ley, la cual, al momento de su creación, estableció en su artículo Primero Transitorio, que debían tomarse medidas para garantizar un incremento gradual de la inversión pública en investigación, para que en 2006 pudiera llegarse a la meta del 1% del PIB en investigación, establecido en el artículo 9 bis de la misma Ley.
Frente al incumplimiento de esta disposición ¿a quién habría que demandar? ¿A las y los diputados; al Gobierno Federal; a los Gobiernos estatales o los Congresos locales? Hoy el Gobierno Federal se llena la boca diciendo que hará cumplir en todo momento el Estado de derecho, empero, se olvida que el Estado de derecho no se construye sólo combatiendo al narco o al crimen organizado, sino cumpliendo sobre todo con las garantías sociales que establece la Constitución y sus leyes. Pero sobre éste, y desde luego otros asuntos similares, hay un silencio incomprensible.
Llama la atención además, el silencio y la tibieza del Director General de CONACYT sobre esta materia. í‰l fue Rector de la Universidad de Guanajuato, presidió y fue miembro de la ANUIES, y con el apoyo de Vicente Fox, fue gobernador del Estado de Guanajuato. Sabe del tema, conoce las disposiciones legales, y aún así, juega un silencio cómplice después de dejar al estado de Guanajuato con una de las mayores tasas de analfabetismo y con uno de los promedios de escolaridad más bajos del país.
Las Universidades constituyen la mirada crítica de una sociedad. Permiten la creación del pensamiento libre, y con ello amplían las posibilidades de libertad y desarrollo de la población. Las Universidades nos dan la posibilidad de crear y recrear el espíritu universal, y generan el conocimiento necesario para que un país pueda avanzar en el desarrollo económico y el bienestar social.
La educación constituye un derecho habilitante; no sólo porque les da a las personas conocimientos para la vida, sino porque faculta a las sociedades para acumular sabiduría y para formular, sobre todo, los mejores ideales de libertad, equidad, justicia y dignidad para todos.
Es patético que en México, el Congreso haya detenido una propuesta para reasignar más de 500 millones de pesos del presupuesto asignado a los partidos políticos y reubicarlo en las partidas de Ciencia y Tecnología. Estos recursos hubieran permitido paliar el recorte, aprobado también por las señoras y señores legisladores, de más de 800 millones de pesos al rubro de la investigación científica y que recientemente denunció la Academia Mexicana de las Ciencias.
Las Universidades y su tarea de investigación, creación científica y producción humanística, son uno de los factores clave para la superación de la pobreza en nuestro país.
Lograr que haya menos hambre, requiere del mejoramiento de nuestras tecnologías para la producción agropecuaria, para la generación de capacidades productivas y para la intensificación de la disponibilidad de recursos básicos para la vida, como el agua, un medio ambiente sano y hay que decirlo una y otra vez, la producción de alimentos. Lograr que haya menos discriminación contra las mujeres y los niños, requiere de una nueva cultura para la paz en cuya construcción las Universidades juegan un papel fundamental.
México hoy está atrapado por políticos poco generosos, mezquinos en su actuar y pensar, que han privilegiado en los últimos años su bienestar y posición, sobre la miseria y pobreza en que viven 19 millones de mexicanos que no tienen, hoy, lo mínimo indispensable para comer y sanar sus enfermedades.
México no podrá combatir la pobreza de manera eficaz sin un sistema educativo vigoroso. Sin un sistema de universidades públicas que presione al mercado privado y lo obligue a elevar la calidad de la educación que ofrecen y la cual, de acuerdo con diversos estudios, en muchas universidades privadas no cumple con los mínimos indispensables para el ejercicio de las profesiones.
Tenemos un IFE que nos cuesta más de 8 mil millones de pesos al año, de los cuales, más de 2,500 millones van al presupuesto de los partidos políticos. Frente a ello, universidades estatales reciben recursos a regañadientes que, sólo por mencionar dos casos ascienden en el caso del estado de Guanajuato, en el presupuesto total para universidades públicas a 576 millones de pesos, o la Universidad de San Luis Potosí, la cual cuenta para 2007 con 1,200 millones de pesos de presupuesto.
Tenemos como resultado un cuadro paradójico en nuestro país: universidades públicas pobres, partidos políticos ricos, y una democracia deficitaria debido a una ciudadanía blanda, como la ha calificado el PNUD.
El desarrollo de nuestro país requiere de Universidades con capacidades, recursos y los apoyos suficientes para darle a nuestro país más y mejores elementos para construir una nación generosa; empero, ello depende de voluntad política y de una conciencia y compromiso social de los cuales, lamentablemente los partidos políticos de hoy, están sumamente alejados.
sarellano@ceidas.org