Excélsior
28 de marzo de 2006
Axel Didriksson
En un reciente estudio, auspiciado por la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC) y el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de la UNAM, bajo la coordinación de quien escribe, denominado ¡De la Privatización a la Mercantilización de la Educación Superior!, se hace referencia a las más importantes variables e indicadores que dan cuenta de la existencia de un enorme fraude educativo en el país.
Vale la pena diferenciar con claridad, antes de entrar a la sustancia de lo que acontece, a aquellas instituciones privadas de enseñanza superior que, por su origen y su desempeño, se han preocupado seriamente por ofrecer educación de cierta calidad y avanzar en su proyecto social y económico, de aquellas que sólo mantienen un afán de lucro y lo justifican con una imagen de orientación técnica o profesional que no cumplen. La educación privada por sí misma no es el mal por sí mismo, sino aquella que resulta ser un atentado en contra de las personas, de sus deseos de estudio y de su futuro, esto es, a las que con un sentido popular se les denomina ¡patito!, y hay en ellas de todos tamaños y colores.
Los resultados: el estudio revela que en las últimas dos décadas se han establecido en el país unas mil 500 instituciones particulares. A diferencia de ello, el gobierno federal construyó sólo 57 instituciones públicas, la mayoría de carácter técnico profesional, que no universidades, como tampoco lo son aquéllas. Esto significa que de 1994 a 2005, la tasa de crecimiento de las empresas privadas en educación superior fue 3.5 veces mayor que la de las públicas. Al nivel del número de estudiantes inscritos en ellas, su crecimiento fue seis veces mayor. Hace diez años, uno de cada cinco alumnos de licenciatura estudiaba en una institución privada, hoy acude a éstas uno de cada tres.
Al nivel de su distribución por estados y por carreras, el estudio indica que los de mayor presencia de instituciones privadas (50% del total) son: el DF, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Puebla y Sinaloa; mientras que 90% de la población escolar se concentra en sólo dos áreas: ciencias sociales y administrativas (65%) e ingeniería y tecnología (35%), en carreras muy saturadas y que no cubren, por supuesto, toda la gama de opciones en ellas.
Desde la perspectiva de la planta docente, la idea de que las privadas tienen una atención más personalizada de relación maestro/alumno, también cae por tierra, porque la misma en las instituciones públicas es de 11 alumnos por maestro, mientras que en las privadas de apenas ocho.
A este fenómeno de mercantilización se debe sumar la creciente oleada de oferta de programas transnacionales y extranjeros que a distancia, por internet o diversos medios están edificando un jugoso mercado de incautos para la obtención de títulos diversos sin ningún control ni con alguna verificación de la calidad de los mismos. Por supuesto, tampoco garantizan la debida acreditación ni el reconocimiento de estos estudios ni del destino de sus perfiles de egreso ni desde su país de origen ni en el nuestro.
La tendencia a la mercantilización de la educación superior está creciendo de forma desmesurada, sin ningún control ni planeación, y de modo muy alarmante; la mayor parte por la vía de escuelas con un registro oficial, pero sin que ocurra una garantía plena de su desempeño ni de su calidad.
Además, tales empresas sirven muy poco para potenciar el desarrollo nacional porque no les interesa realizar programas de investigación, no efectúan funciones de difusión de la cultura, no cubren el conjunto de las áreas del conocimiento y su sola perspectiva es florecer como negocio tratando la educación como una simple mercancía, sujeta al mercado y a la venta de una imagen muchas veces no comprobada. Tampoco les interesa remediar ello de raíz, por lo que se ve, a la instancia del gobierno responsable de su operación, que no ilegal, pero sí terrible para el destino de las nuevas generaciones.