Publicado en: La Jornada
24 de marzo de 2006
José Galán
Sólo 10% de las universidades privadas poseen un certificado de calidad
Las escuelas patito hacen competencia desleal a la plaza de Santo Domingo, ironiza Didrickson
La educación superior en el país atraviesa por un «grave y preocupante» proceso de transición de la privatización a la mercantilización en el sector privado, permitida por el gobierno federal, lo que ha posibilitado que su número aumente 400 por ciento, mientras que el sector público de ese nivel educativo «no crece», advirtieron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Al presentar ayer un informe al respecto, elaborado conjuntamente, subrayaron que sólo 10 por ciento de las instituciones de educación superior privadas cuenta con certificación de calidad, por lo que alrededor de 40 por ciento de su matrícula estudiantil de licenciatura, en todo el país, sería objeto de «fraude educativo». Señalaron, además, que mientras el discurso oficial de que la matrícula se ha incrementado, a través de un crecimiento «notable» de los servicios educativos, contrasta con cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES) que demuestran lo contrario.
En conferencia de prensa, Axel Didrickson, director del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU-UNAM), y Octavio Paredes López, presidente de la AMC, señalaron que esta transición, motivada por afanes políticos de un gobierno que procura engrosar, como sea, los números de absorción de la matrícula para proclamar avances «notables», es «peligrosa», y citaron cifras de la FIMPES: de las cerca de 2 mil instituciones de educación superior registradas y de crecimiento reciente, «ni 10 por ciento pertenecen a esa federación por no cumplir los requisitos mínimos de calidad y pertinencia diseñados para la educación superior privada».
La privatización de la educación superior comenzó, en una primera etapa, en las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado, con un crecimiento constante pero discreto, particularmente con el establecimiento de universidades como la Iberoamericana, la Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Monterrey, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pero de la década de los 80 hasta ahora se registró «un quiebre» o transición en este perfil, al surgir otras instituciones que «crecieron de manera desmesurada», incluyendo «una enorme cantidad de instituciones patito o de garage, lo que dio origen al fenómeno de la mercantilización de la educación superior sin orden ni concierto por parte de las autoridades educativas del país.
Paralelamente, en la década de los 90, se comenzó a observar el fenómeno de la comercialización de servicios educativos por parte de empresas trasnacionales, que aprovechando la necesidad política de las autoridades por mostrar incrementos en la absorción de la demanda, lo que les ha llevado a otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial o Revoe, -aunque en las leyes hay hasta ahora lagunas importantes-, entraron con fuerza al país e inclusive adquirieron establecimientos privados que gozaban de cierto prestigio, como la Universidad del Valle de México.
Además, las autoridades carecen de una base de datos actualizada sobre la existencia de este tipo de establecimientos, a pesar de que han sido utilizados para celebrar una cobertura «sin precedente» de la demanda social. «Las cifras de la ANUIES y de la FIMPES difieren mucho respecto de las oficiales», dijo Didrickson. «En realidad, mediante un esfuerzo comparativo se puede notar que las cifras oficiales, manejadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la misma Presidencia, en los informes anuales, no corresponden con las cifras que manejan las instituciones autónomas».
Por ello, propusieron la creación de un órgano autónomo de evaluación con un sistema de acreditación «inteligente» de la calidad de las instituciones, «dinámico, no gubernamental», sostuvieron. «Ahora resulta que la institución a cargo de vigilar la calidad educativa es la Procuraduría Federal del Consumidor», lamentaron. «La verdad es que hasta ahora el sistema de evaluación y acreditación no ha tenido el impacto deseado.»
El órgano se llamaría consejo nacional de educación superior, que regularía los subsidios para las instituciones públicas; impondría políticas de evaluación y fomento de una cultura de desempeño institucional, y fortalecería la seguridad y la calidad de los cursos impartidos para todos los interesados. Así, las universidades patito dejarían de hacer competencia desleal a la plaza de Santo Domingo (donde los títulos se pueden comprar sin necesidad de aprender nada)», dijo en tono de broma Didrickson.